El pasado día 31 de marzo de este año se presentaron dos iniciativas para crear la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, una de la autoría del grupo legislativo del PAN y otra del PRI, ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Urbano que está integrada por diputados del PAN y Querétaro Independiente. Sin lugar a dudas, este proyecto de ley es uno de los más importantes no sólo de esta legislatura sino además de años por venir en el Estado, lo que nos obliga a quienes incidimos en este proceso legislativo a actuar con una responsabilidad minuciosa ya que se encuentra en juego garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía del derecho humano al agua.
A pesar de la importancia antes señalada, tal suceso ha pasado desapercibido por la mayor parte de la población y su discusión se ha limitado a un número reducido de académicos, activistas y especialistas en la materia, siendo que de nueva cuenta no se ha considerado la opinión de usuarios del agua, de los sectores sociales, económicos y de la ciudadanía en general.
Es bien sabido que en específico el acceso al agua potable de las personas en las zonas urbanas y rurales nunca se ha podido resolver en su totalidad y el crecimiento urbano desmedido y la falta de políticas públicas para cuidar y fomentar una cultura del agua ha venido agravando los problemas ligados a esta actividad gubernamental.
Así tenemos que en los últimos años la falta de legislación estatal en la materia, ha dejado dicho derecho humano exclusivamente en las regulaciones urbanas, lo que ha traído como consecuencia que cientos de miles de habitantes en Querétaro y principalmente en las zonas del área metropolitana hoy tengan un sin fin de problemas como son la falta de acceso permanente, la baja calidad, el uso de macromedidores y la dificultad de la contratación individual condominal, las injustas tarifas de contratación, consumo y el abuso de concesionarios que dicho sea de paso han aumentado considerablemente ante la carencia legislativa y la falta de sensibilidad de los gobiernos en turno que afectan aún más a los usuarios al sujetarlos a una relación mercantil entre particulares.
Y si bien, desde la posición de las y los diputados que promueven estas iniciativas, han dicho reiteradamente que no se pretende privatizar el servicio del agua potable, lo cierto es que un grupo de especialistas, académicos y activistas que realizaron, en la Universidad Autónoma de Querétaro, un análisis de estas propuestas de ley, han señalado de manera unánime, que no están debidamente fundadas y motivadas, ya que ni siquiera justifican con datos precisos y reales el estado que guarda el problema del agua en nuestra entidad, no atienden de manera integral ni transversal desde la Ley, los problemas ligados al vital líquido y por el contrario lo que buscan ambos textos es únicamente darle seguridad jurídica a los concesionarios y reforzar y consolidar la privatización de los organismos operadores que en los hechos ya existen, situación que políticamente es incorrecta al tratarse de un sector estratégico nacional y peor aún, va en contra del bloque constitucional de los derechos humanos en la materia.
Pero el asunto va más allá de lo dicho en este foro, lo cierto es que dichas iniciativas deben atenderse en conjunto con otras acciones legislativas aprobadas en el periodo de gobierno local actual, como son los contratos plurianuales, ya que el fondo real que pretenden ambos grupos legislativos, es concesionar todo el sistema hidráulico en la entidad, no sin antes adquirir financiamientos públicos y privados para la realización de las obras públicas de toda esta infraestructura mediante los denominados contratos plurianuales (que en los hechos es deuda pública) y posteriormente concesionar cada una de las áreas que implica el servicio de agua potable, en su administración, distribución y mantenimiento, como son la extracción y explotación, los acueductos, las redes de distribución, la administración, las tarifas y el cobro del servicio de agua potable en todo el Estado, y que seguramente se entregará a El pasado día 31 de marzo de este año se presentaron dos iniciativas para crear la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, una de la autoría del grupo legislativo del PAN y otra del PRI, ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Urbano que está integrada por diputados del PAN y Querétaro Independiente.
Sin lugar a dudas, este proyecto de ley es uno de los más importantes no sólo de esta legislatura sino además de años por venir en el Estado, lo que nos obliga a quienes incidimos en este proceso legislativo a actuar con una responsabilidad minuciosa ya que se encuentra en juego garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía del derecho humano al agua.
A pesar de la importancia antes señalada, tal suceso ha pasado desapercibido por la mayor parte de la población y su discusión se ha limitado a un número reducido de académicos, activistas y especialistas en la materia, siendo que de nueva cuenta no se ha considerado la opinión de usuarios del agua, de los sectores sociales, económicos y de la ciudadanía en general.
Es bien sabido que en específico el acceso al agua potable de las personas en las zonas urbanas y rurales nunca se ha podido resolver en su totalidad y el crecimiento urbano desmedido y la falta de políticas públicas para cuidar y fomentar una cultura del agua ha venido agravando los problemas ligados a esta actividad gubernamental.
Así tenemos que en los últimos años la falta de legislación estatal en la materia, ha dejado dicho derecho humano exclusivamente en las regulaciones urbanas, lo que ha traído como consecuencia que cientos de miles de habitantes en Querétaro y principalmente en las zonas del área metropolitana hoy tengan un sin fin de problemas como son la falta de acceso permanente, la baja calidad, el uso de macromedidores y la dificultad de la contratación individual condominal, las injustas tarifas de contratación, consumo y el abuso de concesionarios que dicho sea de paso han aumentado considerablemente ante la carencia legislativa y la falta de sensibilidad de los gobiernos en turno que afectan aún más a los usuarios al sujetarlos a una relación mercantil entre particulares.
Y si bien, desde la posición de las y los diputados que promueven estas iniciativas, han dicho reiteradamente que no se pretende privatizar el servicio del agua potable, lo cierto es que un grupo de especialistas, académicos y activistas que realizaron, en la Universidad Autónoma de Querétaro, un análisis de estas propuestas de ley, han señalado de manera unánime, que no están debidamente fundadas y motivadas, ya que ni siquiera justifican con datos precisos y reales el estado que guarda el problema del agua en nuestra entidad, no atienden de manera integral ni transversal desde la Ley, los problemas ligados al vital líquido y por el contrario lo que buscan ambos textos es únicamente darle seguridad jurídica a los concesionarios y reforzar y consolidar la privatización de los organismos operadores
que en los hechos ya existen, situación que políticamente es incorrecta al tratarse de un sector estratégico nacional y peor aún, va en contra del bloque constitucional de los derechos humanos en la materia.
Pero el asunto va más allá de lo dicho en este foro, lo cierto es que dichas iniciativas deben atenderse en conjunto con otras acciones legislativas aprobadas en el periodo de gobierno local actual, como son los contratos plurianuales, ya que el fondo real que pretenden ambos grupos legislativos, es concesionar todo el sistema hidráulico en la entidad, no sin antes adquirir financiamientos públicos y privados para la realización de las obras públicas de toda esta infraestructura mediante los denominados contratos plurianuales (que en los hechos es deuda pública) y posteriormente concesionar cada una de las áreas que implica el servicio de agua potable, en su administración, distribución y mantenimiento, como son la extracción y explotación, los acueductos, las redes de distribución, la administración, las tarifas y el cobro del servicio de agua potable en todo el Estado, y que seguramente se entregará a particulares durante varias décadas, lo que impediría que gobiernos futuros, aun si fuesen del PRI o del PAN, puedan incidir en las políticas públicas de dicho recurso natural en beneficio de la ciudadanía.
De tal manera que todo indica que de nueva cuenta, como ya lo hicieran en varios temas y como recientemente aconteciera en el tema de la energía eléctrica, el bloque político con intereses contrarios a la cuarta transformación de nuestro país pretende acelerar el proceso legislativo, y sin mayor discusión, entregar a unos cuantos, un sector vital económico y social como es el servicio de agua potable, en contra de los intereses de la ciudadanía y del pleno goce de su derecho humano al acceso al agua, como ya lo hicieran en la pasada legislatura en la que desecharon la propuesta de morena de reformar la constitución local para prohibir la privatización y obligar al Estado a implementar políticas públicas integrales para la captación, almacenamiento, conservación y fomentar una cultura del agua, lo que desde la perspectiva de las y los especialistas, académicos y activistas es en lo que necesita legislarse.particulares durante varias décadas, lo que impediría que gobiernos futuros, aun si fuesen del PRI o del PAN, puedan incidir en las políticas públicas de dicho recurso natural en beneficio de la ciudadanía.
De tal manera que todo indica que de nueva cuenta, como ya lo hicieran en varios temas y como recientemente aconteciera en el tema de la energía eléctrica, el bloque político con intereses contrarios a la cuarta transformación de nuestro país pretende acelerar el proceso legislativo, y sin mayor discusión, entregar a unos cuantos, un sector vital económico y social como es el servicio de agua potable, en contra de los intereses de la ciudadanía y del pleno goce de su derecho humano al acceso al agua, como ya lo hicieran en la pasada legislatura en la que desecharon la propuesta de morena de reformar la constitución local para prohibir la privatización y obligar al Estado a implementar políticas públicas integrales para la captación, almacenamiento, conservación y fomentar una cultura del agua, lo que desde la perspectiva de las y los especialistas, académicos y activistas es en lo que necesita legislarse.
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