Katia Lemus Barajas
Después de una hora y media de discusión, y de dimes y diretes, los diputados, con 16 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la iniciativa que regula la prestación de los servicios de agua potable en Querétaro.
En esta ley, cuyo nombre fue renombrado como “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro” busca “ordenar” a las empresas concesionarias y eliminar el cobro vía macromedidores.
La ley aprobada pretende cuidar y garantizar el vital líquido para tener reglas claras y precisas para fortalecer a las empresas y que brinden mejor servicio y además se permite que los municipios otorguen hasta por 20 años la concesión de los servicios de agua con posibilidad a ampliarse por el mismo periodo.
La diputada de Morena, Andrea Tovar Saavedra, refirió que más de 30 organizaciones y colectivos realizaron observaciones entre las que destacan; que no se garantiza el derecho humano al agua ni a la justicia hídrica, que no se ponían las bases para la gestión integral sustentable en contexto de crisis climática, que formalizaban la privatización a través de las concesiones y que invadían esferas federales.
“Estas observaciones fueron enviadas a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso de Querétaro con copia a todos los diputados alertándonos de lo peligroso que resulta no realizar un análisis a profundidad y no permitir la participación de la ciudadanía, de los expertos y de los especialistas”.
Consideró que la visión de la iniciativa es obsoleta respecto del agua en la que solo hablamos de abastecimiento, pero no tomamos en cuenta la realidad de la problemática en la que se encuentra el estado.
“Agregar un capítulo sobre la cultura del agua sin establecer un mecanismo que sancione de manera efectiva a quien haga un mal uso del líquido no sirve de mucho sobre todo porque quienes más explotan y desperdician son las grandes empresas”.
El legislador del PAN, Germaín Garfias Alcántara, consideró que la finalidad de esta ley es fortalecer a los organismos operadores del agua.
“Esta ley no busca eliminar, como se ha dicho, a la CEA o JAPAM, sino al contrario que sean más eficientes y eficaces a la hora de brindar sus servicios y que con esto la ciudadanía gane recibiendo estos mejores servicios”.
El diputado de Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, aseguró que el derecho humano al acceso al agua de la población está al garantizar que llegue la infraestructura, utilizar todos los medios que se pretenden poner a disposición para que llegue el vital líquido a sus casas.
“En esta ley se contempla, por una parte, el detener el crecimiento de la problemática de los macromedidores, el que en los nuevos desarrollos se establezca de manera clara la infraestructura como requisito para que eventualmente no haya macromedidores, sino que se haga la infraestructura para las tomas individuales”.
El legislador del PRI, Paul Ospital Carrera, afirmó que Querétaro está dejando pasar la oportunidad de tener una verdadera ley de aguas, de construirla con la sociedad civil, de escuchar a la sociedad organizada, de hacerlo en conjunto con quienes representan los diputados.
“En cambio vamos a cambiarle el nombre y vamos a cumplir con la instrucción que nos dieron, quien sabe dónde. Si esta ley fuera tan buena para la ciudadanía, como se ha dicho, la pregunta de cualquier político que hace política es ¿por qué no los escuchamos en la radio, la televisión o recorriendo las calles de sus distritos diciéndole a la gente lo que iban a reformar?”.
El diputado Juan José Jiménez Yáñez, emitió 26 razones por las cuales su grupo parlamentario votaría en contra.
“En la lista está la falta de discusión e integración de opiniones ciudadanas y de expertos en la materia; la carencia de sustento jurídico y la premura con la que se buscó realizar esta modificación legislativa, entre otras”.
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