Por: Armando Sinecio Leyva
El Presidente de la República en 2018 tomó las riendas del país en un contexto de violencia, que lo situaba como uno de los más inseguros del mundo; lo cual implicaba que los mexicanos nos sintiéramos inseguros, la desintegración de muchas familias, un impacto económico a diferentes niveles, estigmatización y discriminación de personas originarias de los lugares más afectados, migración y muchas otras cosas que provocaron que dicha violencia y su origen tuvieran incluso un arraigo en nuestra cultura al normalizar lo que estaba sucediendo.
Y lo anterior fue provocado porque los gobiernos anteriores no fueron capaces de controlar a los grupos del crimen organizado, inclusive llegando a ser cómplices de lo que estaba sucediendo, a lo cual se sumó que el 11 de diciembre de 2006 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, debido a una política unidimensional declaró la guerra al narcotráfico, queriendo combatir la violencia con más violencia, teniendo como consecuencia más de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos únicamente durante su sexenio, así como numerosas violaciones en
materia de derechos humanos.
Hoy en día Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado porque ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas del crimen organizado que generan violencia en el país por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares ha acuñado la frase: “abrazos no balazos”.
En consecuencia, la oposición en un argumento falaz, ha manifestado que no se puede abrazar al crimen organizado, sin embargo esta frase y la política que ha tenido el Gobierno Federal durante el presente sexenio no implica que los policías o militares abracen a sicarios y narcotraficantes literal o metafóricamente como el neoliberalismo lo ha querido hacer ver.
La actual política de combate al crimen organizado obedece a que resulta absurdo querer pacificar un país con métodos violentos, ya que resulta contraproducente y trágico; por lo que se ha optado por una visión más integral que busca sobre todo prevenir que los jóvenes no se acerquen al mundo del crimen organizado, ello a través de programas como jóvenes construyendo el futuro así como adoptando modelos de justicia transicional que garantizan los derechos de las víctimas, abriendo el abanico de posibilidades a los sectores más desprotegidos.
Un ejemplo de ello es la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, la cual además de promover la discriminación de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y de un sector de la población a la cual se le ha reconocido su derecho al libre desarrollo de la personalidad, también se le ha otorgado una segunda oportunidad a algunas personas pertenecientes a grupos vulnerables cuyo contexto no les
daba ninguna posibilidad más allá de delinquir.
Y dicha Ley también fue ejemplo de las falacias del bloque opositor a Andrés Manuel López Obrador, ya que señalaban que lo que se buscaba era beneficiar a los grandes capos que (junto con los gobiernos neoliberales) tanto daño le han hecho a nuestro país; sin embargo a poco más de dos años de su publicación nos damos cuenta que dichos señalamientos eran mentira.
Es necesario ser más críticos y no dejarnos llevar por argumentos demagogos que sólo buscan confundir a los mexicanos y desvirtuar el trabajo hecho desde el Gobierno Federal que busca abrazar a los jóvenes y a los sectores más vulnerables para que no caigan en las redes de la
delincuencia, y nos más balazos de los cuales hemos sido víctima todos los mexicanos por encontrarnos en el fuego cruzado durante tantos años.
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