Los pueblos originarios cercanos a la bahía de Topolobampo, en el estado de Sinaloa, se han puesto totalmente en contra de la construcción de una planta de amoniaco perteneciente a la empresa Grupo Petroquímica de Occidente (GPO).
Hasta el momento, los trabajos de construcción se encuentran suspendidos mientras no se revuelven los litigios con los pueblos originarios, que demandan la reubicación de la planta. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira, aseguró que no se oponen al progreso pero que defenderán “hasta con la vida” el territorio que es sagrado para ellos, pues las operaciones de la planta lo pondrían en grave riesgo.
Al respecto, precisó que en los alrededores de la bahía viven al menos 3 mil 500 mayos y yoremes que durante más de 500 años se han dedicado a la captura de camarón y ostiones, entre otras especies marinas, así como lancheros que ofrecen paseos por la bahía, actividades de las que depende por completo su economía y que se verán fuertemente afectadas por la planta de fertilizantes que dañará gravemente las especies marinas y la fauna terrestre de la zona.
Montaño Valenzuela encabezó en el embarcadero de Topolobampo una manifestación en la que participaron unas 900 personas a bordo de más de 100 embarcaciones. También acudieron activistas provenientes de las ciudades de Mazatlán, Culiacán, Guasave y del colectivo “¡Aquí No!”, que reúne a los defensores nativos del medio ambiente.
Montaño Valenzuela explicó que aún falta consultar a los habitantes de tres poblados mayos-yoremes ubicados en Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. Son los más cercanos a la bahía y los que resultarían más perjudicados con el proyecto.
El pasado 7 de abril, la SCJN concedió a la comunidad mayo-yoreme Lázaro Cárdenas el amparo en revisión 498/2021 para que no se les excluya ni se les prive de su derecho a emitir su opinión, a fin de reparar la violación a su derecho a la consulta previa e informada. Al respecto, Claudia Quintero Sandoval, activista indígena de Ohuira, aseguró que la convocatoria que emitió la SCJN para consultar a las etnias es inválida, además, el sondeo debió efectuarse al inicio del proyecto de la planta de fertilizantes, por lo que “el proceso está viciado”.
Argumentó que los indígenas están molestos, se sienten agraviados y están dispuestos a “dar la vida” para que no pongan en riesgo sus lugares sagrados y la tierra que han habitado por siglos. No obstante, señaló que cumplirán con la realización de la consulta para que los pueblos decidan si aprueban o rechazan el proyecto.
Be the first to comment