Katia Lemus Barajas
Hasta la fecha, Zenón Bautista Reséndiz, no tiene una respuesta por parte de la Fiscalía del Estado, luego de que presentó una denuncia por el asesinato de su hijo, Marco Antonio, quien se encontraba en el anexo de la comunidad de El Carmen, en el municipio de El Marqués.
Recordó que su hijo fue internado en Sareluz AC Un Camino hacia la Luz, en donde le aseguraron que lo ayudarían a que dejara el alcohol por lo que le cobraron por ir por él a su casa y por tratarlo semanalmente, así como una despensa y ropa nueva, a cambio de lograr su rehabilitación.
Sin embargo, tiempo después le llamaron del Hospital General para informarle que su hijo estaba grave y tiempo después falleció, mientras que el personal del anexo huyó sin darle alguna explicación.
Ante esta situación, el diputado del Partido de Morena, Christian Orihuela Gómez, insistió en la importancia de discutir al interior de la Comisión de Salud, la iniciativa que ingresó en noviembre de 2021 para regular los anexos del estado.
Recordó que esta iniciativa busca sancionar penalmente a quien opere establecimientos que ofrezcan actividades de tratamiento, atención y reinserción social en temas de adicciones con atención residencial en el estado, sin apego de las normas, leyes, reglamentos y demás relativos aplicables en la materia de adicciones.
Por ello se busca reformar la “Ley de Salud”, así como el “Código Penal del Estado” en la materia, toda vez que estos centros, en muchos casos son reportados por utilizar abusos físicos y psicológicos como parte del tratamiento de recuperación, los cuales en ocasiones han derivado incluso en la muerte de aquellos que solo buscaban una oportunidad de mejorar su vida.
“Además de que, en ocasiones, estos centros de rehabilitación se han convertido en un negocio para aprovecharse de la necesidad de las familias de enfermos drogadictos y alcohólicos, y se cobran cantidades imposibles de pagar”.
La propuesta, dijo, es que la Secretaría de Salud tenga la facultad de presentar denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de este tipo de establecimientos que brinden y ofrezcan actividades de tratamiento, sin apego de las normas y demás relativos aplicables en la materia de adicciones.
“En esta iniciativa se plantea que se impongan de 10 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 veces el valor diario de la UMA a quien, opere centros de Atención y Tratamiento de Adicciones con atención residencial en el Estado, sin apego a las normas, y demás relativos aplicables en la materia de adicciones y que, además, utilice violencia física como método contra cualquier tipo de adicción; además se duplicarán las sanciones establecidas en el artículo al que cause una lesión que produzca incapacidad parcial o total permanente o provoque la muerte en los Centros de Atención.
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