El Estado debe y tiene la obligación de iniciar su propia investigación para deslindar las responsabilidades que pudieran tener empresarios, exfuncionarios y servidores públicos que aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales conocidas como compañías offshore, afirmó Carlos Bautista Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas en Querétaro.
“Obviamente la persecución del delito es un monopolio que le corresponde al Estado por lo que debe y tiene la obligación de ejercer esa función, sin embargo, en México existe la presunción de inocencia y no se puede que, partiendo de un documento sustraído de forma ilegal, sea prueba plena para poder enjuiciar y sentencias a un ciudadano mexicano”.
Esto, luego de que la riqueza y los acuerdos secretos de 35 líderes mundiales, 300 funcionarios públicos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de documentos financieros.
Lo que si puede, explicó Bautista Sánchez, es que con el indicio y la información que ya se tiene, se habrá la propia carpeta de investigación para poder determinar si alguno de los personajes señalados tuviera alguna responsabilidad.
“No pueden tomar esos documentos como prueba debido a que la prueba se está obteniendo de forma ilegal, en México ya está estudiado el tema de la prueba ilícita por lo que corresponde al Estado obtenerla con los medios y a través de los procedimientos que para tal efecto le otorgan las diferentes leyes y reglamentos”.
Explicó que se le denomina “paraíso fiscal” porque en el país al que se refiriera como paraíso tiene una tasa impositiva más baja que el país de origen.
“El meollo del asunto no es que un funcionario público tenga su dinero invertido en estos paraísos, el problema es que cuando lo tuvo (el dinero) en México lo haya declarado correctamente y haya pagado los impuestos antes de llevárselos a ese paraíso”.
Katia Lemus Barajas
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