La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y obtuvo vinculación a proceso en contra de José Antolino Orozco Martínez, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien supuestamente estuvo implicado en el desvío de más de 77 millones de pesos a través del esquema de la Estafa Maestra.
La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.
Según las investigaciones, José Antolino Orozco Martínez suscribió contratos de servicios de forma ilegal con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en septiembre de 2014, cuando era director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol.
Causando un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 77 millones 847 mil 014 pesos con 40 centavos.
La universidad morelense subcontrató el 93.98% de todo cuanto se comprometió según el pago recibido y no cumplió con el convenio. El trabajo consistía en conocer la opinión de los beneficiarios de la Sedesol en relación con el trato recibido por personal encargado de la aplicación y distribución de diversos programas sociales.
Orozco Martínez fue arrestado en Pachuca, Hidalgo, el 25 de septiembre pasado, tras una orden cumplimentada por la Policía Federal Ministerial, pero su audiencia inicial se prolongó porque la defensa solicitó el diferimiento para presentar un dictamen pericial. Se encuentra en prisión preventiva justificada en tanto se cumpla el plazo de 60 días naturales para el cierre de las investigaciones complementarias.
Los delitos que enfrenta no son considerados de prisión automática, pero se teme pueda evadir la justicia como lo había hecho desde los últimos 11 meses en que fue citado a una audiencia de imputación y no se presentó. Además, fue acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Rosario Robles, la exfuncionaria de más alto nivel en el caso, sigue presa desde hace más dos años por sus presuntas omisiones en los desvíos. Había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.
Fuente: Infobae
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