De las 445 quejas que se presentaron, durante un año, ante la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ), sólo seis terminaron en recomendación en contra de diversos servidores públicos.
De acuerdo con el informe de actividades durante el periodo 2022 que rindió ante el Pleno de la Legislatura de Querétaro, Javier Rascado Pérez, presidente del órgano, reconoció que las dependencias policiacas son las que mayores quejas reciben, siendo el caso de la Fiscalía General del estado con 125 y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario con 87.
“La próxima semana empezamos una serie de capacitaciones hacia las corporaciones policiacas, iniciaremos el lunes con los municipios de la Zona Serrana, concretamente con Jalpan, Landa de Matamoros y Arroyo Seco”.
Acompañado por sus homólogos Ana Karen Parra Bonilla, de Hidalgo; José Félix Cerezo Vélez, de Puebla; y Raúl Israel Hernández Cruz, de Morelos, a quien felicitó por su reciente nombramiento como presidente de la Federación; así como Elvia Guadarrama Conejo, en representación del mandatario estatal Mauricio Kuri González, Rascado Pérez enfatizó que de las 11 violaciones graves a los derechos humanos, seis concluyeron en una recomendación y las otras cinco fueron acuerdos de responsabilidad con los municipios de Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Querétaro y Landa de Matamoros, así como con la Fiscalía General de Querétaro.
Reconoció que una de las premisas es vencer el rezago acumulado para poder culminar procesos que había de otros años y que no ha sido posible terminar esta función.
“Dentro de la reingeniería institucional, tenemos carencia en el ámbito administrativo y si bien, todas las quejas son importantes, algunas nos han requerido, por su complejidad, una mayor investigación por lo que se trabaja a marchas forzadas, pero cumpliendo y tratando de evitar que existan rezagos”.
Destacó que al momento cuentan con 35 personas para toda dependencia por lo que consideró necesario que haya mayor personal, sobre todo en el área de visitaduría general pues uno de los pendientes que hay es crear la oficina del Semidesierto para que atienda los asuntos de esa zona, incluido San Joaquín.
En tribuna, el Ombudsperson indicó que emitieron 18 medidas cautelares para evitar la consumación de daños irreparables para salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas. Estas medidas, enfocadas a proteger los derechos humanos a la salud, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al trato digno, al interés superior de la niñez, a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, fueron importantes para evitar la violación de derechos humanos.
“Para monitorear posibles violaciones a los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, se realizaron 139 visitas a diversos espacios como albergues, centros de asistencia social, escuelas, centros de salud, instituciones de asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores, instituciones de rehabilitación y tratamiento para adicciones, así como distintos centros de detención como juzgados cívicos, centros penitenciarios y espacios de la Fiscalía Genera”. Derivado de estas visitas de inspección, dijo, se realizaron 35 visitas a distintos organismos competentes ante la detección de irregularidades de diversa índole.
Indicó que se brindó acompañamiento protector a 14 manifestaciones sociales, con el objeto de velar por el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta pacífica.
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