Con la llegada de la pandemia y el desempleo, el número de empresas que contratan servicios ilegales de outsourcing se incrementó, reconoció Mauricio Juárez Sánchez, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, AC.
“El outsourcing puede ser una estrategia muy útil para los márgenes de ganancia de una empresa y para fines de productividad; sin embargo dijo, con la finalidad de evadir impuestos, este servicio se ha utilizado mucho, a partir de la llegada de la pandemia y el desempleo, como consecuencia, el número de empresas que contrata servicios ilegales de outsourcing incrementó”.
Advirtió que entre las consecuencias que puede enfrentar una empresa al contratar un servicio ilegal de este tipo, se encuentran multas e infracciones que van desde 20 hasta 350 salarios mínimos, aparte de la liquidación del monto total de lo que no se haya pagado; de 3 meses a 9 años de prisión por defraudación de regímenes del Seguro Social y; cubrir adeudos fiscales evadidos por contratar una empresa de outsourcing ilegal y comprobar que estén cubiertos.
“Las consecuencias jurídicas de contratar una empresa informal e ilegal de outsourcing de personal, pueden ser graves y acabar económicamente con tu negocio, además de dañar la reputación de tu empresa, por mantener relaciones comerciales fraudulentas”.
“Estas prácticas, aseguró, abaratan el costo de la mano de obra, afectando los ingresos de los trabajadores y sus prestaciones y socava derechos básicos laborales, como: estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, antigüedad laboral, derecho de adquirir un crédito para vivienda, vacaciones, aguinaldo, entre otros.
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