Katia Lemus Barajas
Será hasta que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) implemente y publique el registro de deudores alimentarios cuando el Congreso de Querétaro haga lo conducente para homologar la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, afirmó Graciela Juárez Montes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.
Recordó que la reforma Constitucional prevé la creación de un padrón nacional, entiendo que es una de las inquietudes, pero nosotros no tenemos aún lineamientos para legislar en ese tema; entiendo que el DIF nacional tiene 300 días hábiles para crear una base de datos que concentre la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar trámites y obtener documentos de identidad.
“El DIF tiene 30 días para que implemente esta reforma y crear el padrón nacional, nosotros no podemos legislar en el tema, sino tenemos lineamientos establecidos, estaremos en espera a que el DIF nacional lo implemente para que nosotros poder hacer lo mismo en el estado”.
Esto, luego de que el lunes pasado, Mayra Dávila, presidenta del colectivo Adax Digitales AC, aseguró que integrantes de la organización instalaron un tendedero en la entrada del recinto legislativo donde se exhibieron los nombres de los deudores alimentarios que se tienen registrados en Querétaro, el cual asciende a más de mil y que ha afectado a más de 2 mil menores.
Cuestionada sobre si Querétaro no podrían adelantarse a realizar este padrón sobre todo porque el diputado Paul Ospital Carrera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ingresó desde marzo pasado una iniciativa de reforma al “Código Civil del Estado de Querétaro”, para crear un padrón de deudores alimentarios, a resguardo del Registro Civil, después de que son condenados por un juez, sin embargo, Juárez Montes dijo desconocer el estatus en que se encuentra la iniciativa de su compañero de bancada.
“No tengo conocimiento en qué estatus este la iniciativa, pero estamos revisando, incluso estamos invitando a los diputados que tienen iniciativas que tiene que ver con estos temas porque no recuerdo si había una o dos más que pudiéramos aprovechar con estas reformas constitucionales para que salgan en paquete”.
Luego de que el Senado de la República aprobó en marzo pasado esta reforma se estableció que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como: licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.
También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Además, se prevén medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarias morosas, así como cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda.
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