Katia Lemus Barajas
Como una cuestión de voluntad fue como Paul Ospital Carrera, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó la negativa de los integrantes del Congreso Local para reformar el “Código Civil” y a la “Ley de Tránsito”, ambos ordenamientos del estado de Querétaroq y obligar a los “desvengonzados” a que cumplan con sus obligaciones.
“Esto es un tema de voluntad… Me enteré que la iniciativa ni siquiera ha sido turnada, ojalá que la empecemos a discutir e incluso leí que querían hacer foros para entender la problemática de los deudores, pero qué es lo que se va a discutir, hay gente desvergonzada, padres desobligados, violentadores que dan la manutención de sus hijos y hay que castigarlo, ¿qué creen que nos dirán en esos foros? Que urge legislar el tema y sólo será una pérdida de tiempo porque el diagnóstico está claro y la propuesta de solución también está clara”.
Esto, luego de que Graciela Juárez Montes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro y coordinadora de la bancada del tricolor señaló que será hasta que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) implemente y publique el registro de deudores alimentarios cuando en el estado se homologue la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Ospital Carrera recordó que la iniciativa que presentó en marzo pasado busca cerrarles el paso a los deudores alimentarios, es decir, cuando un juez sentencie a alguien como deudor alimentario se envíen (por correo) los datos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que estas personas no obtengan su licencia de conducir y que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no registre como candidato a ningún cargo de elección popular a quien sea señalado como tal.
“Querétaro debería ser un ejemplo de cerrarle el paso a los violentadores y a los deudores alimentarios, cerrarles el paso en la administración y cuando busquen cargos de elección popular; por eso propusimos la “Ley 3 de 3” en lo local en donde buscamos cómo hacer un procedimiento que sea viable para el estado y que no le genere costo para que se prohíba a los deudores alimentarios no sólo aspirar a un cargo de elección popular, sino también otro tipo de trámites que dependan del estado”.
El lunes pasado, Mayra Dávila, presidenta del colectivo Adax Digitales AC, aseguró que integrantes de la organización instalaron un tendedero en la entrada del recinto legislativo donde se exhibieron los nombres de los deudores alimentarios que se tienen registrados en Querétaro, el cual asciende a más de mil y que ha afectado a más de 2 mil menores.
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