Los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobaron el proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Así como la Iniciativa de acuerdo por el que la Legislatura Local reforma los artículos 8, 28 de la “Constitución Política del Estado de Querétaro”, el artículo 19 de la “Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro”, el artículo 59 de la “Ley Electoral del Estado de Querétaro”, el artículo 17 de la “Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro”, y el artículo 30 de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro”.
Mariela Morán Ocampo, autora de una de las iniciativas, enfatizó que este dictamen es de vital importancia para beneficio de las niñas, niños y adolescentes del estado, porque se están atendiendo sus intereses superiores, siempre buscando su bienestar. Expresó que las y los deudores alimentarios, deben asumir sus consecuencias, desde su irresponsabilidad en la vida pública, enfrentarlas y subsanarlas.
“Ni Querétaro, ni México, ni sus familias, pueden estar en manos de omisos, o en manos de evasores, es por eso, que tenemos que hablar, escuchar y, sobre todo, legislar; yo celebro que ahorita estemos haciendo este trabajo legislativo para evitar que estos deudores sigan estando en cargos públicos; obviamente estas graves omisiones con las familias receptoras pueden convertirse, en omisiones para la ciudadanía el día de mañana, así que al cerrarles las puertas del servicio público, así como un eventual registro de candidaturas para cualquier cargo de elección popular, a quienes se encuentren catalogados como personas deudoras alimentarias, morosas, desde esta Legislatura le abrimos la puerta a la certeza jurídica, a la razón, a la protección y restitución de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes”.
Manuel Pozo Cabrera, presidente de la comisión en mención, refirió que este dictamen también forma parte de una armonización que se realiza a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual dijo, es una reforma trascendente, que tiene como naturaleza principal, visibilizar la problemática que hoy existe respecto a los deudores alimentarios.
“Es importante el habilitar mediante esta reforma, que se dio a la Constitución federal, y que ahora se pretende a la Constitución local a través de este dictamen, el que estas personas, que no establecemos sexo, pueden ser mujeres u hombres, que omitan la responsabilidad de alimentos, se les pueda privar de sus derechos político-electorales para ser candidatos, pero también para ser funcionarios públicos, magistrados, etc.; de tal suerte que insisto, es un primer paso, consideramos que tendrán que venir otras reformas, pero que estas, seguramente serán a partir de la entrada en vigor, entre otros asuntos, del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios, que como lo establece la reforma, estará a cargo del Sistema Nacional DIF, y se tendrán que hacer una serie de adecuaciones para estar alimentando este padrón, y que eventualmente con esto, surta efectos no solo en el papel, sino en los hechos”.
Germaín Garfias Alcántara indicó que con la aprobación de este dictamen, se da un gran paso, pues dijo, es ilógico que los servidores públicos puedan acceder a algún cargo cuando no son ciudadanos ejemplares.
“Yo lo resumiría como luego lo dicen coloquialmente en la calle, ya no más papás de chocolate, no más papás de los que no afrontan estos lazos fundamentales, tenemos que cuidar siempre a las niñas, niños y adolescentes; esto generará un núcleo familiar más fuerte, nutrido de buenos sentimientos, que detonará en una sociedad mucho más empática”.
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