Integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia exhortó a padres de familia para que den apoyo a los docentes frente a los retos que presentará el ciclo escolar 2023-2024 ante el desafío de garantizar que la asistencia a la escuela se dé en el marco de seguridad, tranquilidad y confianza que nuestros hijos necesitan para estudiar.
A través de un comunicado refirieron que como en cada inicio de un nuevo ciclo escolar, es común que el principal problema que enfrentan es el incremento en los costos de los artículos escolares, uniformes, libros y colegiaturas, el gran esfuerzo que hacen los padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela gastando más con el mismo ingreso tiene que ser reconocido, tanto por las autoridades como por los comerciantes, quienes en un rasgo de solidaridad y responsabilidad deben evitar subir los precios de los artículos que en esta temporada tienen gran demanda.
“Reconocemos que muchos colegios particulares han realizado esfuerzos para no incrementar el costo de sus colegiaturas; así mismo, recordamos que las escuelas públicas del país no pueden obligar a los padres de familia al pago de cuotas ni condicionar a éstas las inscripciones de sus hijos, tengamos presente que estas cuotas pueden ser de gran ayuda para la escuela, pero deben ser transparentes y visibles a toda la comunidad educativa del plantel, para planear en qué se van a utilizar y comprobar abiertamente el gasto que se realiza con ellas”.
Es necesario, se lee en la misiva, tener presente que la participación de los padres no debe limitarse al gasto, sino a la propuesta de mejora de actividades, de formación, de cursos e incluso de planes y programas de estudio.
“Otro tema que marca el inicio del ciclo escolar es el de la seguridad pública, los innumerables hechos de violencia y secuestro nos refieren que la inseguridad toca las puertas de las escuelas y los padres de familia, junto con las autoridades educativas y judiciales tenemos que estar preparados para enfrentarla, por ello hacemos un llamado a las autoridades de los distintos estados de la República a colaborar con las escuelas de todos los niveles educativos y crear las condiciones necesarias para que nuestros hijos asistan con tranquilidad a las aulas”.
En cuanto a la entrega de libros de texto gratuitos, reiteraron lo que ya han declarado con anterioridad: “Se otorgó una resolución a favor que dictó la jueza Yadira Medina, en la que ordena a la Secretaría de Educación Pública que, en tanto no resuelva la ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022-2023”.
La suspensión está fundada en el interés legítimo que tienen los padres de familia por la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los grandes retos que tienen en materia educativa.
“Insistimos en la urgencia, de que la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales actúen conforme a la Ley, y como resultado de ese cumplimiento: que todos los libros de texto gratuito que nuestros hijos reciban tengan un contenido pedagógico adecuado.
Invitamos a los padres de familia a actuar haciendo cumplir lo que se nos ha otorgado, considerando como apoyo presentar, si fuera necesario, una “carta de derechos” en la que expresan su interés por evitar el uso de los libros de texto que no han cumplido con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución”.
La asociación de Abogados Cristianos, en apoyo a UNPF pone a disposición de los padres y madres de familia, el documento mencionando, recomendando su entrega en la dirección de las escuelas de nuestros hijos y puede ser descargado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1AALPv-bnR6CWlTJy70phLZe-1ygHcJKs?usp=sharing
El futuro de México se está forjando hoy desde las aulas de todo el país, la educación de todas las niñas y los niños estudiantes de nivel básico deberá contar con libros de texto, materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica, competencias, habilidades y bajo consulta, como lo determina la ley.
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