De acuerdo con el Informe Previo de Gestión y Resultados del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), correspondiente al periodo enero-junio 2023, “persisten inercias estructurales”, así como conductas administrativas graves, cuatro de las cuales fueron remitidas, por su magnitud, a instancias externas, como el Tribunal de Justicia Administrativa.
En el reporte se destaca un posible episodio de corrupción en el arrendamiento de vehículos. “En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa identificado como INE/OIC/UAJ/DS-II/G-001/2023, el OIC estima que es de interés público, dada la magnitud del importe máximo contratado de mil 37 millones, 547 mil 662.40 pesos y la repercusión negativa que podría existir en la continuidad de las operaciones ordinarias de la institución, al colocar en condiciones de riesgo este tipo de contrataciones, fundamentalmente porque representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en cualquier organismo, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de cuatro años”, se lee en la página 92 del informe, el cual no revela los nombres de las empresas ni de los servidores públicos involucrados.
El documento está firmado por Jesús George Zamora, quien presentó su renuncia como titular del OIC del INE para incorporarse al gobierno del Estado de México como consejero jurídico.
En el documento de 116 cuartillas, que será puesto a consideración del Consejo General la próxima semana, destaca el caso de la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos efectuada en 2019 y con efectos hasta la actualidad, en licitaciones millonarias.
El asunto guarda relación con un espectro reducido de proveedores de bienes y servicios, sospecha constante del contralor, junto con la reiterada recomendación para que las unidades soliciten “sólo lo estrictamente necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales”.
En cuanto al parque vehicular, se detalla que la convocatoria para este año fue rechazada por recomendación del OIC, en principio porque se indicó que el proveedor no tenía la capacidad de cumplir.
De igual forma, se advirtió que en la investigación de mercado realizada no fueron consideradas las conclusiones del asesor externo contratado para estos efectos, a quien le pagaron 406 mil pesos por su asesoría, y sugirió comprar a distribuidoras regionales vehículos nuevos, 20 unidades cada dos meses, en lugar de rentar entre 150 y 376 camionetas.
En esa investigación de mercado se dijo que únicamente se contaba con una cotización, a pesar de haber identificado 32 posibles oferentes, puntualiza el OIC.
Fuente: La Jornada
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