Katia Lemus Barajas
Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de omisión e incumplimiento al asegurar que la dependencia a su cargo ha pagado tanto los apoyos a personas adultas mayores como a las personas con discapacidad quienes interpusieron un recurso de amparo, afirmó David Iván Fabela Mendoza, el abogado quien lleva los casos en mención.
Señaló que, hoy en día, existen 14 amparos promovidos en contra de la Secretaría de Bienestar de Querétaro, de la que Peniche Vera es titular por incumplimiento y omisión del pago por más de un millón 120 mil pesos correspondientes a estos apoyos que datan, en algunos casos, de 2019 y del que no han recibido ni un peso.
Además, denunció que hay servidores de la nación que no entregan el plástico a los beneficiarios bajo el argumento que no continuaron su trámite y ellos “ordeñan” la tarjeta.
Ante esta situación, Fabela Mendoza, inició los amparos de derechohabientes afectados de todo el estado, el último amparo lo ingresó a finales de octubre y es el de una persona que no tiene ni brazos ni piernas a quien se le negó el registro para el apoyo (2 mil 950 pesos bimestrales) con el argumento que este programa, del que es responsable en Querétaro, Jorge Arturo Guerrero Bautista, solo es para menores de edad, cuando lo cierto es que entre los lineamientos se establece: “es necesario tener entre cero y 29 años y padecer una discapacidad. En caso de habitar municipios o localidades indígenas o afromexicanas, así como municipios y localidades con alto o muy alto grado de marginación el apoyo podrá extenderse hasta un día antes de cumplir los 65 años por lo que se le negó su registro”.
“Otro de los argumentos por los que el personal del bienestar no registra a este sector de la población es porque, aunque presentan el certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ellos los ‘ven bien’”.
Otro caso es el de un joven, también con discapacidad, quien vive con su madre en la comunidad Ojo de Agua, del municipio de Querétaro, quien desde 2019 está inscrito en el padrón, pero que hasta la fecha no ha recibido ningún apoyo por lo que el juez de distrito ordenó el pago retroactivo.
“El juez de distrito dice ‘ok’ voy a suspender el acto de que no tu Secretaría del Bienestar no les estás pagando, pero no te voy a ordenar, por ahora, que le pagues desde 2019 a la fecha, sino que le ordenó empezar a pagar desde abril de este año, pero Bienestar incumplió, lo que se llama la suspensión provisional porque ya les está pagando como si se tratara de un beneficiario normal, pero no fue así por lo que tuvimos que meter otros documentos, es decir, Bienestar cumplió solo la suspensión provisional y no la suspensión definitiva debidamente notificada”.
Enfatizó que fue hasta octubre de este año cuando le comenzaron a pagar pese a que en marzo se interpuso el amparo.
“Por este caso, el juez de distrito le dio parte al agente del Ministerio Público federal por la comisión de delitos previstos en el artículo 260 de la ‘Ley de Amparo’ que establece que: “Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público o particular que con el carácter de autoridad responsable o sujeto obligado a cumplir con las resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra y fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo”.
“La titular del Bienestar está incumpliendo reiteradamente con lo que los jueces le dicen, se están quedando con las tarjetas y están haciendo mal el trabajo. Lo que procede es que, mediante demanda de amparo, se pidan los pagos y los retroactivos de las personas inscritas en 2019”.
Fabela Mendoza recordó que, de acuerdo con el padrón de la Secretaría del Bienestar hay 328 mil 888 personas registradas para recibir la Pensión Universal para el Bienestar de los Adultos Mayores (2 mil 550 pesos bimestrales, de las cuales, según el padrón en Trasparencia dice que este apoyo se les otorga únicamente a 167 mil 153 personas, es decir, a pesar de que hay 328 mil 888 personas registradas, el 50 por ciento no está cobrando este recurso.
Mientras que, dijo, en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Querétaro, del que es responsable Roxana González Martínez, hay 31 mil 594 personas registradas, de las cuales solo están cobrado 15 mil 598 personas, lo que quiere decir que más de la mitad no está recibiendo este apoyo.
“Cuando los adultos mayores acuden a que los registren, el personal los registra mal y por eso no les dan el apoyo y en el caso de las personas con discapacidad no lo hacen porque les dicen que los ven bien o que porque no son menores de edad cuando una de las reglas de operación dice, preferentemente menores de edad, pero ellos no tienen ninguna facultad para decidir a quién sí y a quién no registran”.
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