Katia Lemus Barajas
Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electora (INE) calificó como poco razonable que, a ocho meses del fin del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador presente una última batería de reformas constitucionales previstas en una veintena de propuestas que se discutirán en el Congreso de la Unión y que están encaminadas a modificar “artículos antipopulares” introducidos durante “el periodo neoliberal” de las últimas cuatro décadas.
“Tiene que ser reformas bien pensadas y estructuradas, viendo qué temas hay que resolver y lo vemos todas las sesiones del Consejo, hacer una presentación así, pues igual y no es lo más razonable, sobre todo en la última etapa de un Gobierno que pues quizá ya no se puedan analizar”.
Aunque aclaró que el periodo ordinario del Congreso Local empezó el 1 de febrero, consideró que su revisión será complicada pues están por empezar, el 1 de marzo, las campañas electorales.
Además, Humphrey Jordan se posicionó en contra de la desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales, cuestión que pretende este proyecto y que no es necesario que ocurra este escenario, sino que se realice un rediseño de las funciones de estas instancias como lo es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Desde la perspectiva de la consejera, uno de los puntos que deberían de pensarse en una iniciativa de reforma es el tema de fiscalización y pensar cómo evitar el ingreso de dinero del crimen organizado a las campañas de los procesos electorales, con esto se deberían de darle más herramientas al Instituto Nacional Electoral para revisar el origen de los recursos.
Entre las reformas que presentó López Obrador está el reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; derecho a pensión a adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año; además de un apoyo universal para las personas con discapacidad; becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, atención médica universal gratuita; que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas; prohibir el maltrato animal; no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos; hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico y prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, entre otros.
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