Integrantes de pueblos indígenas de México y Canadá aseguraron que sus gobiernos y la empresa Tec Energy transgredieron sus derechos a la información y a la consulta, pues no se les comunicó sobre el impacto causado por la imposición de los gasoductos Tuxpan-Tula y Puerta al Sureste en territorios ancestrales de Veracruz.
A través de un Greenpeace informó que integrantes de los pueblos otomí, nahua, totonaco, nuntajɨɨyi’ y tepehua, junto con integrantes de los pueblos indígenas de wet’su’wet’en de Canadá, presentaron el 4 de junio una solicitud a la Asamblea General de Accionistas de la transnacional canadiense TC Energy –antes TransCanada–.
Detallaron que el gasoducto Puerta al Sureste, que pretende llevar gas, extraído con la técnica altamente contaminante conocida como fracking, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, y a la refinería Dos Bocas, no fue avalado por las comunidades indígenas.
Maribel Cervantes Cruz, del Consejo Autónomo de Seguridad Comunitaria Nahua, aseguró que ninguna de las comunidades nahua, nuntajɨɨyi’ u otras comunidades indígenas costeras ha recibido información adecuada ni de TC Energy ni del gobierno mexicano sobre el gasoducto que quieren construir en su “territorio ancestral”.
Según el comunicado, en 2018 TC Energy decidió invertir en el gasoducto Coastal Gas Link que transportaría gas del interior de Canadá hasta la costa, para su posterior exportación.
No obstante, en 2020, debido a que en el trazo original pretendía atravesar un centro ceremonial indígena, el Gobierno mexicano obligó a la empresa a desviar el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula.
El Jefe Na’Moks del pueblo Wet’suwet’en indicó que “no obtener el consentimiento de las comunidades indígenas posiblemente afectadas no solo es una violación de los derechos humanos y colectivos.
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