La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema en una serie de apelaciones de emergencia que le permita seguir adelante con los planes para terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, elevando una teoría legal marginal que varios tribunales inferiores han rechazado rotundamente.
En una serie de apelaciones de emergencia, la administración Trump argumentó que los tribunales inferiores habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la controvertida política, y pidió a los jueces que limitaran el impacto de esas órdenes.
En enero, un juez federal calificó su orden ejecutiva de «manifiestamente inconstitucional»y bloqueó su implementación. Días después, un juez de Maryland declaró que el plan de Trump «contradice los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación».
Los tribunales de apelaciones han hecho caso omiso a la solicitud de la administración Trump de pausar los fallos de tribunales inferiores que impusieron mandatos judiciales a nivel nacional sobre una orden ejecutiva que firmó el primer día de su segundo mandato.
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