Katia Lemus Barajas
Activistas y defensoras de derechos humanos aseguraron que en pleno Siglo 21 hay una gran ausencia de políticas públicas efectivas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los tres órdenes de Gobierno en favor de las mujeres.
La actividad Nadia Sierra Campos recordó que desde 1999 que se declaró, por las naciones unidas, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, los gobiernos de los tres niveles, organismos autónomos, programas de organizaciones internacionales y la propia sociedad debería trabajar para sensibilizar a la opinión pública respecto a la violencia contra la mujer.
“Me parece que hay una gran ausencia de políticas públicas efectivas tanto de los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los tres órdenes de gobierno y esto se refleja en la cantidad de mujeres que son violentadas mensualmente en este país y en la propia entidad”.
En 2009, refirió, las cifras eran que se asesinaba a nueve mujeres cada día y ahorita va una cifra de 11 mujeres cada día.
“Si nuestras políticas públicas de seguridad, de acceso a la justicia y de prevención estuvieran funcionando lo normal sería yendo en una disminución de cifras en lugar de que vayan aumentando; tenemos graves casos de violencia sexual, violencia familiar y bueno no se diga de feminicidios que también van en aumento”.
Reconoció que hay una gran ausencia en los temas de violencia familiar porque hay un desconocimiento o una ignorancia absoluta sobre la composición de las familias.
“En el tema de violencia familiar es imposible la conciliación de estos asuntos porque hay una disparidad de poder de una de las partes dentro de las familias”.
También, dijo, existe poco acompañamiento para que las personas reciban una asesoría adecuada de lo que tendrían que hacer ante la ausencia de medidas de protección efectivas cuando las mujeres, sus hijas u otros familiares se encuentran en riesgo.
“Y la otra es que hay una visión corta para el acceso de justicia, pronta y expedita, incluso una justicia de restitución de derechos inmediata que podría dar la defensoría de Derechos Humanos, pero que está ausente en la entidad y los municipios que son más cercanos a la ciudadanía tendrían que estar haciendo otras labores y desde las secretarías de seguridad o direcciones de seguridad, pero no es un tema que les importe”.
Alejandra Martínez Galán, representante de la Asociación Queretana de la Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex) consideró que en lugar de avanzar se ha retrocedido.
“Lo que hemos visto desde hace años el recrudecimiento de la violencia incremento de la violencia, una violencia que no para y aunado a eso está la ausencia de políticas públicas de acciones y programas gubernamentales que pueda reconocer que este problema esté en la agenda pública y que tendría que tener toda la atención para poder resolverla”.
Aseguró que si el Estado no garantiza la mínima posibilidad que tienen las mujeres por ejemplo para vivir una vida libre de violencia, para poder tener un debido proceso, tener acceso a la justicia o para garantizar la vida de las mujeres estás omitiendo el cumplimiento de un derecho y a la vez incumples una serie de derechos que deberían ser garantizados por el Estado hacia las mujeres.
“Me parece que en lugar de avanzar vamos retrocediendo y no se mira una acción del estado por resolver esta problemática (…) ha quedado a deber el Estado… sin duda, el Estado tienen como responsabilidad garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y al no hacerlo obviamente está siendo omiso y cómplice de esta violencia”.
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