Ante las graves afectaciones que una planta tratadora de residuos está generando a diversas colonias, comunidades y fraccionamientos, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez ha hecho un enérgico llamado a las autoridades para que actúen y logren su inmediata reubicación. Vecinos de zonas como Los Juncos, Puerta de San Miguel, Encinos, Paseos de San Miguel, Mompaní, El Nabo y el pueblo de Juriquilla sufren a diario malos olores, problemas de salud y la proliferación de fauna nociva.
El legislador señaló que, jurídicamente, la empresa tratadora está incumpliendo la normativa. Puso como ejemplo el caso de una localidad de más de 2 mil 500 habitantes, donde el límite del sitio de disposición debería estar a una distancia mínima de 500 metros del trazo urbano existente o contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano. Sin embargo, la planta se encuentra a tan solo 192 metros.
Otro grave incumplimiento denunciado por García Pérez es la ubicación del límite del sitio de disposición final respecto a cualquier pozo de extracción de agua (para uso doméstico, industrial, de riego y ganadero, tanto en operación como abandonados), que debe ser de 100 metros adicionales. No obstante, a menos de seis metros de la planta se encuentran tanques de agua que suministran a las colonias Los Juncos y Puerta de San Miguel.
García Pérez lamentó que, a pesar de existir un catálogo de sanciones e infracciones, no hay ninguna aplicada en relación con este problema. Además, destacó que esta empresa está instalada en un predio de propiedad municipal, como parte de un contrato vinculado a una concesión.
El diputado precisó que se trata del contrato o título de concesión firmado por el municipio de Querétaro en abril de 2016 con la empresa Broquers Ambiental S. A. de C. V. Dicha concesión abarca el tratamiento de residuos, recepción, almacenamiento temporal, separación, selección, aprovechamiento, valorización energética, trituración y transferencia. Los antecedentes de este título de concesión indican que una visita al terreno se realizó en marzo de 2016, y el fallo de la licitación permitió que la planta comenzara a funcionar en 2018.
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