Placas de Morelos en la Corte: cuando un Poder del Estado actúa como particular

Columna del Tío Santiago

Sobrinos, aquí les va lo que tienen que saber para no andar como que no saben.

La imagen publicada por El Universal, donde se observa que las camionetas asignadas a ministros de la Suprema Corte portan placas del estado de Morelos, no es un detalle menor ni anecdótico. Es, más bien, una radiografía institucional. Porque lo que revela no es solo una decisión administrativa, sino cómo el propio Poder Judicial concibe esos vehículos: como prestación y no como función de Estado.

En el diseño constitucional mexicano, la Suprema Corte es la cúspide del Poder Judicial. Sus nueve ministras y ministros tienen el mismo rango constitucional y representan a uno de los tres Poderes de la Unión. Por eso, los vehículos que utilizan no deberían entenderse como beneficios personales, sino como bienes institucionales, destinados a garantizar seguridad y operación de un órgano del Estado.

Un bien institucional transporta al cargo, no a la persona.
Pertenece al Poder, no al funcionario.
Y, por lógica jurídica, debería portar placas oficiales, no estar sujeto a estrategias para pagar menos impuestos.

El emplacamiento en Morelos rompe esa lógica.
Aunque es legal, responde a un esquema conocido: registrar vehículos en una entidad donde no se paga tenencia para reducir la carga fiscal. No es evasión. Es elusión fiscal. Legal, sí. Común, también.

Y aquí viene el punto incómodo.

Ese mismo razonamiento jurídico es el que, desde hace años, se le critica públicamente a Ricardo Salinas Pliego: usar esquemas legales pero agresivos para optimizar su carga tributaria. El debate nunca ha sido si es legal, sino si es congruente con el impacto público de sus empresas.

Pero hay una diferencia fundamental, sobrinos:
Salinas Pliego es un particular.
La Suprema Corte es un Poder del Estado.

Cuando un poder constitucional adopta mecanismos propios de particulares para reducir impuestos, el problema deja de ser fiscal y se vuelve institucional. El mensaje implícito es claro: el vehículo no se asume plenamente como bien público federal, sino como una prestación asociada al ministro.

La Constitución no solo exige legalidad en el fondo, sino coherencia en la forma. Un Poder del Estado no puede exigir respeto a la ley mientras opera bajo lógicas de elusión propias del sector privado. Aunque sea legal, es políticamente torpe e institucionalmente incongruente.

El problema no son las camionetas.
El problema es que, al emplacarlas así, la Corte dejó de actuar como Estado y empezó a comportarse como contribuyente estratégico.

Y eso, para el máximo intérprete de la Constitución, no es un simple error administrativo.
Es una señal peligrosa.

Y así las cosas, sobrinos.