La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado de la República una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional y legal denominada «Plan B», cuyo eje central es la Austeridad Republicana y el fortalecimiento de la democracia participativa.
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Esta propuesta busca eliminar lo que la administración denomina «privilegios de la alta burocracia» y reorientar esos recursos hacia la infraestructura social y los municipios. A continuación, se detallan los puntos fundamentales de la reforma:
Control de salarios y prestaciones
Bajo la premisa de que «nadie puede ganar más que la Presidenta», la reforma establece límites estrictos a las remuneraciones:
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Topes salariales: Aplicables a consejeros y magistrados electorales (federales y locales), así como a legisladores y presidentes municipales.
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Prohibición de bonos: Se eliminan los seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especiales financiadas con recursos públicos.
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Transparencia y fiscalización: Los partidos políticos deberán transparentar todos sus recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá intervenir en la fiscalización si el INE lo solicita para detectar recursos ilícitos.
Reducción de costos en el Poder Legislativo
La reforma impone «candados» presupuestarios para obligar a los congresos a gastar menos:
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Senado de la República: Reducción progresiva del 15% de su presupuesto en los próximos cuatro años (sin afectar derechos laborales básicos).
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Congresos locales: Se establece un tope máximo del 0.70% del presupuesto total del estado. Quienes excedan este límite deberán bajar sus gastos.
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Ayuntamientos: Se limita el número de regidores a un máximo de 15 por Cabildo (actualmente algunos tienen hasta 25). Los ahorros generados deberán quedarse en el municipio para servicios y obra pública.
Fortalecimiento de la democracia directa
La reforma modifica sustancialmente la figura de la revocación de mandato:
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Promoción del voto: Se propone cambiar el Artículo 35 Constitucional para que el titular del Ejecutivo (la Presidenta o sus sucesores) pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, algo que actualmente solo puede hacer el INE.
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Nuevas fechas: Se establece que la consulta podrá realizarse el primer domingo de junio del tercer año de gobierno (2027 para la actual administración) o en el cuarto año.
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Suspensión de propaganda: La propaganda gubernamental deberá suspenderse únicamente los 60 días anteriores a la jornada de revocación.
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Elección del Poder Judicial y plazos
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Elección en 2027: Claudia Sheinbaum confirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros se realizará en 2027 para unificar procesos.
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Filtros de perfiles: Se crearán comisiones en los tres Poderes para realizar una revisión más rigurosa de los candidatos antes de que lleguen a las boletas.
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Armonización: El Senado y los estados tienen como plazo el 30 de mayo de 2026 para adecuar sus leyes a estas nuevas normas.
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