Katia Lemus Barajas
El Pleno de la Legislatura Local aprobó reformar el Código Penal para el Estado de Querétaro que propone aumentar las penas en cuanto a delitos de feminicidio y acoso sexual cuando quien lo cometa sea conductor, utilice vehículos de transporte escolar, servicio público de pasajeros, servicio de transporte privado de pasajeros contratados a través de aplicaciones tecnológicas para cometer el ilícito.
El diputado de Morena Christian Orihuela Gómez, autor de la iniciativa, consideró que con este proyecto busca dar mayor seguridad a las mujeres por lo que consideró necesario contar con equipo de video-vigiancia en las unidades del transporte púbico para que las mujeres se sientan seguras.
“Esta iniciativa de feminicidio y acoso sexual dentro del transporte público se presentó hace dos o tres meses y es la primera de 15 que hemos presentado”.
Aclaró que al mantenerse en proceso un litigio entre el gobierno del estado de Querétaro y la empresa Uber, esta disposición legal no aplica para ellos.
De igual forma, se aprobó la iniciativa de ley que adiciona un nuevo párrafo al artículo 126 BIS del Código Penal para el Estado de Querétaro en materia de agravantes de femincidio.
Laura Dorantes Castillo, quien hasta hoy fungirá como diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), luego de que Mariela Moran Ocampo anunció su reincorporación como legisladora plurinominal, detalló que esta iniciativa propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Querétaro, que crea una agravante para el tipo penal de feminicidio cuando es cometido en contra de niñas, adolescentes y mujeres con alguna discapacidad con lo que la pena se podrá incrementar hasta de 66 años.
De igual forma se aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones de la “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro” que propone crear una vicefiscalía regional.
El Pleno también aprobó crear el tribunal virtual del Poder Judicial y la creación de una nueva “Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro” y sus acumulados.
Por unanimidad, los legisladores aprobaron que Manuel Pozo Cabrera forme parte del Instituto del Emprendimiento queretano y finalmente se aprobó desincorporar seis predios del Gobierno del estado en favor de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro.
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