Katia Lemus Barajas
En sesión de Pleno, los legisladores del Congreso de Querétaro aprobaron por unanimidad crear el Instituto de Especialización en Estudios de Fiscalización Superior que dependerá de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
Con la aprobación de la iniciativa de “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro” se expide una nueva ley, en la que se promueve el fortalecimiento de las facultades y atribuciones de la entidad y dotándola de herramientas e instrumentos jurídicos que garanticen el debido ejercicio de la actividad revisora.
En dicho proyecto se la entidad contará con atribuciones para llevar a cabo labores de capacitación y formación académica en materia de fiscalización superior y temas afines, con el objeto de erradicar con mayor eficiencia y eficacia la práctica de conductas irregulares, traduciendo sus resultados en beneficios para la sociedad en general.
Asimismo, se le faculta para realizar auditorías de manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación, previa suscripción de acuerdos o convenios de colaboración, de conformidad con lo dispuesto en el marco legal vigente.
La iniciativa refiere que debido a que la actividades revisoras que realiza la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, implican una gran cantidad de información, la cual es generada por las entidades fiscalizadas en el manejo, aplicación y administración de los recursos públicos y en su mayoría es entregada para su revisión de manera física, lo que origina que se destine una importante cantidad de recursos humanos y materiales para la recepción, organización, clasificación y almacenamiento de documentos.
Se hace necesaria la alternativa de transitar de un esquema de revisión en papel, a un electrónico, mediante el uso de herramientas tecnológicas, como lo son el Buzón de Fiscalización Superior y la Firma Electrónica Avanzada, a través de las cuales, será posible el envío de manera oficial de la información electrónica y documentación digital relacionada con el proceso de fiscalización superior, permitiendo a la entidad ejercer sus atribuciones a distancia.
En otro punto del orden del día, se rechazó el sentido de rechazo de Dictamen de solicitud de jubilación, toda vez que este indica que el trabajador no cumplía con los requisitos establecidos en cuanto a la antigüedad para tener derecho a su jubilación, en virtud de que había acreditado 25 años, 4 meses y 1 días, pero no comprobaba la antigüedad de 1 año y 7 días; motivo fundamental por el que esta Legislatura había determinado revocar la jubilación.
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