Al hacer uso de la voz para explicar los alcances de este Dictamen, el diputado Guillermo Vega reconoció el beneficio de la propuesta presentada por el diputado García Pérez, ya que -dijo- representa un avance significativo y urgente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en un contexto social donde muchos deudores evaden sistemáticamente su responsabilidad alimentaria.
“En suma, esta iniciativa no solo fortalece el marco jurídico, sino que transforma el paradigma de impunidad que ha imperado en torno al incumplimiento de las obligaciones alimentarias en todo el país y Querétaro. Además de proteger a los más vulnerables y fomentar un cambio de actitud y cultura de responsabilidad en la paternidad y maternidad, por lo que, en definitiva, es una ley que coloca a la niñez en el centro de la justicia familiar”, expresó el diputado Vega Guerrero.
Asimismo, al explicar cómo esta reforma beneficiará a la sociedad queretana, dijo que priorizará de manera explícita el interés superior de la niñez, reconociendo que la pensión alimenticia es un derecho fundamental, no solo un deber moral o familiar.
Asimismo dijo que considerando que los derechos alimentarios son preferentes a cualquier otra obligación económica del deudor, se refuerza la protección de los menores frente a intereses económicos del adulto.
Manifestó que la propuesta también desincentiva el incumplimiento mediante medidas efectivas, pues ocurre que uno de los mayores problemas es que muchos deudores evitan pagar, se ocultan, cambian de empleo, o reportan ingresos falsos.
Por lo que afirmó que “ahora la ley tipifica al deudor alimentario moroso a partir de estos plazos: 90 días una vez que exista una resolución firme o 60 días durante el proceso legal y permite su inscripción en un Registro Nacional, lo cual puede restringirles acceso a documentos como pasaportes o licencias, creando una presión social y legal real para cumplir”.
El presidente de la comisión añadió que también esta reforma profesionaliza y transparenta el proceso judicial, ya que “se obliga al deudor a informar cualquier cambio laboral y se permite al juez recabar pruebas oficiosamente sobre su situación económica. Esto quita carga probatoria al acreedor alimentario, quien muchas veces carece de recursos para investigar al deudor”.
Dijo además que se reconoce la diversidad de necesidades alimentarias, pues “la ley amplía el concepto de alimentos para incluir no solo comida, sino también salud psicológica, recreación, educación, vestido, y vivienda, reconociendo que el bienestar infantil es integral”.
Destacó que esta iniciativa también busca combatir prácticas fraudulentas, en ese sentido expresó: “La ley identifica y busca prevenir estrategias comunes de evasión como ocultar ingresos, declararse desempleado sin estarlo o trabajar informalmente. Además, vincula el incumplimiento con consecuencias administrativas concretas”.
Para finalizar, afirmó que la iniciativa aprobada se alinea con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, creado por reforma federal en 2023, y cumple con los compromisos internacionales en derechos de infancia, igualdad de género y combate a la pobreza.
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