El Senado de la República aceleró el trámite de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobándola en comisiones y programando su votación en el pleno para el próximo lunes.
La legislación, que reinstaura la prohibición a medios y plataformas electrónicas de difundir propaganda de gobiernos extranjeros, desató una fuerte controversia y acusaciones de censura por parte de la oposición.
La iniciativa fue aprobada en comisiones con 29 votos a favor, provenientes de Morena y sus aliados, y nueve en contra, de los partidos de oposición. Estos últimos denunciaron un «albazo» legislativo y advirtieron que la ley otorga al Estado facultades excesivas en materia de telecomunicaciones, amenazando la libertad de expresión y la información.
El senador morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, defendió la nueva ley, argumentando que reglamenta los artículos 6 y 28 constitucionales y permitirá al Estado administrar el espectro radioeléctrico de manera eficiente, equitativa y transparente, a través de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Radiodifusión. Este organismo, que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), buscará garantizar el acceso a servicios electrónicos y digitales para todos los sectores de la población, incluyendo comunidades indígenas y afromexicanas.
El artículo 109 de la ley, que faculta a la Agencia a solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales en casos de incumplimiento de disposiciones legales, se convirtió en el punto central del debate. Senadores del PRI y PAN argumentaron que esta disposición otorga al gobierno un poder desproporcionado para retirar concesiones, censurar contenidos y atentar contra la libertad de expresión, sin necesidad de una orden judicial.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, calificó el artículo como un «retroceso» y un acto de «autoritarismo», mientras que el panista Ricardo Anaya lo denominó «ley censura». La senadora de MC, Alejandra Barrales, alertó sobre el peligro de que la Agencia, al emitir los lineamientos, se convierta en juez y parte en la decisión de bloquear o no plataformas.
La senadora del PT Lisbeth Sánchez García defendió la ley, argumentando que busca proteger la soberanía nacional y frenar la injerencia extranjera. Negó las acusaciones de censura y afirmó que la legislación busca garantizar el respeto a los derechos humanos y la cohesión social. Sánchez García argumentó que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder inmenso y que el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a la sociedad.
El artículo 210 de la ley, que prohíbe la difusión de propaganda política e ideológica extranjera en medios de radiodifusión y televisión, también generó controversia. El senador Álvarez Lima explicó que esta disposición busca evitar la injerencia de gobiernos extranjeros en la política nacional. Los concesionarios que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas de entre el 2 y el 5 por ciento de sus ingresos. El senador morenista Aníbal Ostoa defendió la medida, argumentando que el Estado mexicano no puede permanecer «rehén del chantaje mediático y geopolítico».
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