Buscan Sancionar Hasta con Ocho Años de Prisión a las Instituciones “Patito” que No Certifiquen a sus Estudiantes

Katia Lemus Barajas

Para que en la entidad se cuente con herramientas jurídicas que pongan en su lugar a quienes engañan a las personas, pero sobre todo a los jóvenes para obtener un título o un certificado de una competencia escolar y no tengan la validez oficial en Querétaro, el diputado local independiente, Enrique Correa Sada, presentó una iniciativa de ley para sancionar penalmente a quien ofrezca servicios educativos sin contar con el reconocimiento de validez oficial para certificar estudios que ofertan.

“En los últimos meses y años, se han detectado algunas escuelas que han hecho este tipo de ofertas y han engañado a las personas haciendo que pierdan su dinero, su tiempo, pero sobre todo causándoles un daño moral y espiritualmente”.

Reconoció que cuando una escuela “patito” engaña y no tiene las certificaciones para poder garantizar la obtención de un título, ya sea universitario o de bachillerato incentiva la deserción escolar, desmotiva a los jóvenes a continuar con sus estudios, pero sobre todo tiene un impacto económico de las familias y por supuesto en el tiempo que dedica un joven a estudiar.

“Estas secuelas tienen un alto impacto en nuestra sociedad al generar un aumento en la desigualdad social y, por supuesto, desincentiva el desarrollo económico y disminuye la fuerza del capital humano”.

Por ello, dijo, como Grupo Legislativo de Acción Nacional y como diputado independiente presentó una iniciativa que reforma y adiciona una fracción al artículo 194 del Código Penal del Estado de Querétaro en el que se tipifica como fraude específico a quienes oferten, ya sea como administradores o como propietarios, servicios educativos sin la validez oficial.

“Estamos proponiendo que quienes hagan y realicen este tipo de actividades ilícitas tengan una sanción de cuatro a ocho años de prisión más las multas y sanciones administrativas que la Ley de Educación tiene”.

Afirmó que esta propuesta derivada de una serie de denuncias ciudadanas en San Juan del Río, en Querétaro y en Jalpan.

“Tan solo en 2016 hubo un reporte de 25 instituciones que no contaban con validez oficial, en junio de 2024, la Secretaría de Educación identificó una página que ofertaba el certificado de bachillerato en tan solo dos meses por lo que alertó a los ciudadanos sobre este tipo de fraude, en el 2019 hubo 22 denuncias en la Profeco contra instituciones que ofertaban servicios educativos y no contaban con la validez oficial”.

Destacó que todas las instituciones que ofertan educación media superior y superior deben contar con dos certificados; uno lo proporciona la Dirección de Educación del Estado y el otro de la Secretaría de Educación Pública.

“Nosotros estamos convencidos que, al tratarse de una actividad tan delicada, existe la necesidad específica de que debemos sancionarlo de forma específica y además aumentar las penas porque el fraude genérico es una pena menor y en este tipo de fraude la idea es que las penas sean de cuatro y hasta ocho años de prisión.

Cuestionado sobre si entonces buscarán sancionar a las autoridades que enarbolan el proyecto de La Universidad de la Mujeres del municipio de Querétaro por no contar con el REVOE, Correa Sada aseguró que esta institución si cuenta con estas certificaciones.