Aprueba, el pleno de la Cámara de Diputados, por mayoría de 457 votos a favor, una sola abstención, y cero votos en contra, la minuta por la que se crea la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el principal objetivo de fortalecer la prevención de muertes y lesiones de tránsito.
La nueva ley establece la jerarquía de movilidad, dando la máxima prioridad de paso a los peatones, seguidos de las personas ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados, el tercer lugar de preferencia es para los usuarios y prestadores del servicio de transporte público, prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y finalmente los conductores de vehículos particulares.
A través de esta Ley, se crea el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un mecanismo que coordinará a autoridades municipales, estatales y federal de los tres órdenes de gobierno en materia de movilidad y seguridad vial.
Se deberán generar e integrar indicadores y bases de datos para motivar investigaciones en la materia.
También garantiza a las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, la recepción de atención médica y psicológica de manera integral y reparación del daño.
Se emitirá una regulación técnica que contenga las especificaciones de los sistemas, dispositivos y estándares de seguridad que deberán tener los vehículos nuevos, con base en las NOM y los criterios internacionales, mientras que las autoridades competentes deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independientemente de fabricantes y concesionarios.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski declaró desde la tribuna: “Durante casi un siglo el orden urbano giró en torno al automóvil, las calles, las banquetas, las viviendas, entre otros, depredando el medio ambiente y la salud de las y los ciudadanos. Eso será corregido por las previsiones contempladas por esta Ley”.
Por su parte, el diputado panista, José Antonio Zapata, celebró la aprobación de la Ley, y resaltó que actualmente solo 16 de los 32 estados de la república cuentan con legislación en la materia, “por lo que el dictamen estipula que solo tendrán 180 días para su armonización”.
Fuente: El Universal
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