El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución, con el objetivo de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El decreto que se aprobó con 355 votos a favor y 108 en contra, en un sólo acto, incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los delitos graves el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Además, se señala que los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
Luego de un amplio debate, se avaló la propuesta de modificación del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) para eliminar el concepto narcomenudeo y el delito de defraudación fiscal del catálogo de delitos graves, así como ampliar la hipótesis del delito de creación de drogas sintéticas y agregar los precursores y sustancias químicas esenciales para su elaboración, en especial del fentanilo y sus derivados.
El dictamen se avaló en lo general y en particular con las modificaciones aceptadas por el Pleno, por lo que se envió al Senado de la República para su trámite legislativo.
Al pronunciarse al respecto del dictamen, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) defendió la reforma al artículo 19 de la Constitución, que ratifica la prisión preventiva oficiosa como herramienta para combatir la inseguridad, pues explicó que dicha medida es necesaria para enfrentar la crisis de inseguridad, especialmente, en el creciente problema de la extorsión.
“Con medidas como esta también ponen en riesgo a muchos jóvenes que pueden ser usados por el crimen organizado y van a terminar pagando por el delito de narcomenudeo”, señaló el diputado Fernando Torres Graciano (PAN). En su intervención, el legislador consideró que, con la figura de prisión preventiva en delitos en materia fiscal, se va a ejercer el abuso de autoridad para generar un “sistema de terrorismo”.
La diputada Ruth Marisela Silva Andraca (PVEM) puntualizó que la propuesta busca asegurar que solo quienes representen un peligro real sean privados de su libertad ante un juicio, evitando el daño irreparable que causa esta medida a personas inocentes. Agregó que la reforma es necesaria debido al sobrecargo del sistema penitenciario, donde miles de personas están privadas de su libertad.
“Esta propuesta de reforma nace del dolor, de la angustia y de la impotencia que causa la violencia”, indicó la diputada Irma Yolanda Garay Loredo (PT)quien afirmó que la prisión preventiva es una medida cautelar para evitar que los supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia, por lo que la reforma fortalecerá dicha figura al incorporar delitos que “han lacerado a nuestra sociedad”.
En contraste, el diputado Alejandro Domínguez (PRI) anunció que su bancada votaría en contra del dictamen ya que pretende regresar al sistema penal inquisitorio, además de que violenta el principio de presunción de inocencia, que es parte fundamental del sistema penal acusatorio adversarial que tenemos en el país.
Asimismo, el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) consideró que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ha perpetuado un modelo fallido en materia de procuración de justicia en México. El legislador indicó que el uso y abuso de esta figura “mantiene en la postración y en la simulación a las autoridades de procuración de justicia del país, generando un ciclo de arbitrariedades e impunidad”.
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