La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este jueves un fallo que limita el poder de los jueces federales de distrito para bloquear a nivel nacional políticas del Poder Ejecutivo. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, representa una victoria para el presidente Donald Trump, al permitir que se reactiven varias de sus órdenes ejecutivas previamente detenidas por tribunales inferiores.
Aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso —la constitucionalidad de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos—, la resolución permite que las políticas impugnadas sigan aplicándose en los estados donde no hay fallos judiciales en contra, mientras continúa el proceso legal en cortes inferiores.
El caso central involucra una orden ejecutiva de Trump que busca reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución, argumentando que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no debe aplicar a hijos de personas sin estatus legal permanente. Esta visión contradice más de un siglo de jurisprudencia que garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense.
Diversos jueces federales calificaron la medida como “flagrantemente inconstitucional”, pero el fallo del Supremo impide que sus decisiones tengan efecto en todo el país, restringiéndolas a las jurisdicciones donde fueron dictadas.
Se reactivan políticas suspendidas
Con esta resolución, Trump podrá restablecer múltiples órdenes ejecutivas suspendidas, entre ellas:
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Restricciones a programas de diversidad e inclusión (DEI).
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Condiciones para la entrega de fondos federales.
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Reglas que exigen comprobación de ciudadanía para votar.
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Cambios en asistencia jurídica a menores migrantes.
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Congelamiento de ayudas internacionales a través de USAID.
El mandatario celebró el fallo como una “gran victoria” que, según dijo, devuelve al Ejecutivo la capacidad de “gobernar sin interferencia judicial ideológica”.
Organizaciones defensoras de derechos civiles, jueces disidentes y sectores académicos han expresado su preocupación. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto en contra, advirtió que la decisión “socava el estado de derecho” y crea “una estructura de poder desigual”, donde los derechos constitucionales pueden variar de un estado a otro.
Expertos legales advierten que el fallo podría sentar un precedente peligroso, al permitir que futuras administraciones apliquen políticas controversiales sin supervisión judicial efectiva en el corto plazo.
El litigio sobre la ciudadanía por nacimiento continuará en tribunales inferiores, donde se espera que organizaciones civiles y fiscales estatales impugnen la orden ejecutiva por considerarla contraria a la Constitución. No obstante, el fallo del Supremo reduce la capacidad de esos tribunales para frenar de inmediato la aplicación de la norma a nivel nacional.
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