La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), detuvo a Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, así como al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ambos señalados por su presunta implicación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, las aprehensiones se realizaron en distintos operativos, en seguimiento a la investigación por el ingreso irregular de un buque al puerto de Tampico con 10 millones de litros de diésel. Sin embargo, documentos judiciales refieren que la carga real podría haber alcanzado los 20 millones de litros.
Francisco Javier Antonio Martínez ingresó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2013 y ocupó diversos cargos en el área aduanera hasta llegar, en 2024, a la Gerencia de Administración y Finanzas de la ASIPONA Tampico. En abril de 2025, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que estaba vinculado con la empresa Intanza, responsable de la importación del combustible asegurado, y cuyos socios eran sus allegados. Tras estas revelaciones, la Semar desmanteló la estructura administrativa de la ASIPONA de Tampico y separó de sus cargos a varios funcionarios portuarios.
Por su parte, Manuel Roberto Farías Laguna es vicealmirante de la Semar y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Su carrera incluye haber sido comandante de la XII Zona Naval en Puerto Vallarta, subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales y secretario particular tanto de Ojeda como del almirante José Luis Arellano Ruiz. Su detención ha generado cuestionamientos sobre presunto nepotismo y corrupción dentro de la institución.
La red de huachicol fiscal bajo investigación habría operado desde octubre de 2023, facilitando la introducción ilegal de hidrocarburos mediante maniobras administrativas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Intanza, la empresa señalada en el caso, habría importado cerca de 190 millones de litros de combustible de manera irregular desde Estados Unidos en un periodo de año y medio.
Las autoridades federales sostienen que las detenciones forman parte de una estrategia más amplia contra la corrupción en el sector energético. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación sigue abierta y que se prevén más acciones para desmantelar la red.
Se espera que la FGR dé a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de los detenidos y las siguientes etapas del proceso en una conferencia programada para este domingo 7 de septiembre.
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