A poco más de 16 años del incendio en la Guardería ABC que cobró la vida de 49 menores en Hermosillo, Sonora, Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias del inmueble, fue detenida en el estado de Arizona, Estados Unidos, por violar su libertad condicional en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que desde septiembre de 2024 había solicitado su detención provisional con multas de extradición. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la audiencia correspondiente al proceso de extradición se realizará el 8 de octubre próximo.
Téllez Nieves era buscada por la justicia mexicana desde 2022, luego de que abandonara el país sin haber cumplido la pena que le fue impuesta por su responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.
Aunque originalmente había sido condenada a 28 años y 11 meses de prisión por homicidio y lesiones culposas, la sentencia fue reducida a cinco años y siete meses, permitiéndole cumplirla en libertad condicional. Sin embargo, tras obtener dicho beneficio, la ahora detenida huyó del país, lo que provocó la emisión de una orden de reaprehensión y la activación de una ficha roja de Interpol.
En su conferencia matutina del lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su gobierno solicitará formalmente la extradición de Sandra Lucía Téllez.
«Si hay que solicitar la extradición, evidentemente lo haremos. No tengo claro si ya se hizo o si está por hacerse, pero siempre estaremos del lado de las víctimas», afirmó.
Recordó también que, durante una visita a Sonora, se reunió con familiares de las víctimas y reiteró su disposición a seguir acompañándolos en su exigencia de justicia. Añadió que tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como el director del IMSS, Zoé Robledo, han mantenido contacto con los padres y madres afectados por la tragedia.
El colectivo de padres y madres de las víctimas expresó en un comunicado su exigencia de que Téllez sea trasladada a México para que cumpla con la sentencia definitiva que se le impuso por las muertes y lesiones provocadas por el incendio.
“Pedimos que el Estado Mexicano haga lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea deportada y extraditada […] y cumpla con la sentencia definitiva decretada en su contra por la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas”, manifestó.
La detención fue confirmada por autoridades estadounidenses, aunque los familiares de las víctimas denunciaron que no fueron informados oficialmente por parte del gobierno mexicano. Señalaron como preocupante el silencio institucional y aseguraron que una firma de abogados en Estados Unidos estaría promoviendo una solicitud de asilo político a favor de Téllez, bajo el argumento de persecución. Para los familiares, esta estrategia busca eludir la justicia mexicana. “En realidad es responsable de homicidio culposo de 49 niños y niñas y de lesiones culposas en más de 106 menores”, afirmaron.
Sandra Lucía Téllez Nieves se desempeñaba como representante legal de la Guardería ABC al momento del siniestro y era copropietaria de la estancia junto con otros socios como Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, exsubsecretario de Ganadería en Sonora y presunto esposo de Téllez; Antonio Salido Suárez, exdirector estatal de Infraestructura; Marcia Matilde Gómez del Campo Tonela, esposa de Salido y prima de Margarita Zavala; y Gildardo Urquídez Serrano. Téllez también figuraba como socia de otra estancia infantil subrogada por el IMSS: “Pasitos Adelante”, también ubicada en Hermosillo.
La tragedia de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando un incendio iniciado en una bodega contigua se propagó hacia la estancia infantil. En ese momento se encontraron 142 niños y niñas dentro de las instalaciones. A pesar de los esfuerzos de rescate por parte de ciudadanos y cuerpos de emergencia, 49 menores perdieron la vida y más de un centenar resultaron con lesiones graves, algunas de ellas permanentes. Las investigaciones revelaron múltiples irregularidades en la estructura del inmueble, la ausencia de medidas de protección civil adecuadas y la falta de supervisión por parte de autoridades federales.
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