La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta la producción, importación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el país. El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra.
La reforma establece que estos dispositivos —electrónicos, mecánicos o de cualquier tecnología— utilizados para vaporizar sustancias tóxicas con o sin nicotina, quedan prohibidos en todas las etapas de su cadena de producción y venta. Se plantea una pena de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes los fabriquen o comercialicen con fines de lucro.
Ante señalamientos de la oposición sobre una supuesta criminalización de los consumidores, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno (Morena), anunció que presentará una reserva para aclarar que no habrá sanciones para quienes posean o usen vapeadores, sino únicamente para quienes lucren con ellos.
Morena argumentó que la medida busca “proteger a niñas, niños y adolescentes”, señalando que los fabricantes han aprovechado vacíos regulatorios y estrategias de marketing engañosas. La oposición, por su parte, criticó que la prohibición podría fomentar el mercado ilegal y beneficiar al crimen organizado, además de considerar que el dictamen es extenso, apresurado y sin consulta a especialistas.
La discusión continuará en la votación de reservas, donde se definirá la redacción final del apartado relacionado con consumidores individuales.
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