Katia Lemus Barajas
Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los legisladores emanados de ese instituto político; Graciela Juárez Montes, Juan Guevara Moreno y Paul Ospital Carrera se pronunciaron en contra del aborto, pero en favor del Estado de Derecho y de cumplir los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas.
Graciela Juárez Montes, presidente del grupo legislativo del tricolor destacó que siempre ha sido clara al abordar este tema y se dijo respetuosa del Estado de Derecho aunque no está a favor del aborto.
“No estoy a favor del aborto pero sí en respetar la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió sobre el tema y debemos acatar el Estado de Derecho (…) es un tema que debemos discutir y analizar”.
Por ello, adelantó, estará pendiente del análisis y discusión que se genere al interior de la comisión a la que se turne.
“Estaré al pendiente del análisis y del trabajo que haga la comisión; si se trata de respetar y acatar el Estado de Derecho somos respetuosos de la ley; la importancia es respetar el trabajo de la comisión, es decir, no podemos abordar un tema en la Junta de Coordinación Política si no se sube a la comisión que es donde se tiene que discutir y analizar”.
Ospital Carrera, autor de la iniciativa de ley que reforma el capítulo 5 del Código Penal para el Estado de Querétaro, aclaró que es necesario acatar el ordenamiento establecido por la Suprema Corte.
“El tema de la despenalización del aborto lo hemos planteado de manera clara, no es un debate que sea ideológico, cultural ni religioso, sino de actualizar un código penal con un sentencia que hay de la Suprema Corte de Justica de hace un año y un mes para que las y los jueces de todo el país sepan que el aborto ya no puede tener una pena privativa de la libertad, es decir, ya no puede ir a prisión quien aborte en las primeras 12 semanas ni que las o los doctores que lo practiquen sean detenidos”.
En Querétaro, dijo, es una pena que no puede ser ejecutada, pero sí está en el código penal, entonces están haciendo carpetas de investigación y expedientes en la Fiscalía para un delito que no va a tener una pena, entonces se está trabajando sin sentido.
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