El derecho humano de acceso al agua constitucionalmente tiene que ser garantizado por los municipios, al ser los mismos quiénes tienen directamente a su cargo las funciones y servicios públicos relacionados al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales.
En nuestro Estado por diversas razones económicas, sociales y políticas; por medio de convenios estas funciones han sido otorgadas a Gobierno del Estado, quien las ejecuta a través de la Comisión Estatal de Aguas, existiendo excepciones como por ejemplo San Juan del Río.
Así que vale la pena preguntarse: ¿qué podemos esperar cuando las autoridades encargadas de garantizarnos el derecho humano de acceso al agua, promueven un proyecto de ley en el cuál se privilegia su trato como un bien económico?
Esto es lo que está pasando en Querétaro, a pesar de que la Organización Mundial de las Naciones Unidas a través de su Consejo Económico y Social en la observación general número 15, estableció que el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico, y que dicha observación dio origen a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de febrero del año 2012, en el cual
precisamente se reconoce el derecho humano al agua.
El proyecto de ley promovido por los grupos legislativos del PAN, Querétaro Independiente y PRI, en su falta de atención a los derechos humanos establece de manera textual que uno de los principios que sustentará las acciones del Sistema Estatal del Agua será que “La gestión de los servicios debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar las tareas a cargo de los prestadores de estos…” [Sic.]; lo cual contraviene de manera flagrante lo que no solamente nuestro marco jurídico nacional contempla como derecho humano al agua, si no también lo que se ha establecido como tal alrededor del mundo.
Asimismo, han acotado el derecho de acceso al agua a propietarios y poseedores de bienes inmuebles, a quienes ni siquiera se les garantiza realmente el acceso a los servicios que abarca este derecho.
Lo que se puede dilucidar de este proyecto es que las autoridades estatales y representantes populares del PAN, Querétaro Independiente y PRI, se están olvidando de la ciudadanía que les otorgó su confianza a través del voto, para poder beneficiar a aquellos pocos que les interesa el agua como un recurso económico.
Y es que lo que buscan es la privatización de la prestación de los servicios relacionados al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; no sólo dotando de un respaldo jurídico a las concesiones irregulares ya existentes que tienen algunos operadores privados, sino abriendo la posibilidad de que la infraestructura y funciones de laComisión Estatal de Aguas también sean objeto de privatización bajo esquemas de concesión o
de contratos por períodos de hasta 20 años.
Lo que queda es esperar a que aquellos que tienen el poder de decidir sobre este tema se concienticen y nos escuchen a los queretanos que no queremos que se empeñe nuestros derechos para el beneficio de unos pocos.
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