Miguel Gallardo
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales de Querétaro por algún grado de responsabilidad que pudieron haber tenido en los hechos registrados el 5 de marzo en el Estadio Corregidora durante el partido de los equipos Gallos Blancos y Atlas, de acuerdo con el pronunciamiento de Javier Rascado Pérez, “ombuds person” de la institución.
“El pasado 5 de marzo del año en curso tras revisar diversas notas informativas en medios de comunicación por los hechos acontecidos en Estadio Corregidora durante el partido de futbol entre el Club Querétaro y el Club Atlas de Guadalajara, y por considerar que la dimensión de los hechos referidos suponen un alto impacto social, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro inició de oficio la queja DDH/98/2022”, expuso el funcionario.
Mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que al considerar la gravedad de los hechos y la trascendencia de los mismos a nivel nacional iniciaría también una queda de oficio para investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, pero que posteriormente emitió un pronunciamiento fechado el 22 de marzo en el que manifestaba que no tenían elementos para continuar con el estudio de la queja y que aguardarían a las investigaciones de la Defensoría de Querétaro.
“Tras el análisis de las evidencias recabadas, esta Defensoría advierte la comisión de violaciones a los derechos humanos atribuibles al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y a la Coordinación de Protección Civil Estatal”, afirmó Javier Rascado.
En el contenido de las recomendaciones resalta la creación de un grupo interdisciplinario e interinstitucional que deberá ser integrado de manera primordial y obligatoria por la SSC, por la CPCEQ, la SSPM y la CPCMQ, y de manera complementaria por aquellas autoridades municipales y estatales que resulten necesarias, para dar seguimiento a los puntos recomendatorios.
Otro de los aspectos a los que hizo referencia el “ombuds person” es el registro de un paquete de reformas legislativas y administrativas, para prevenir, delimitar, coordinar, controlar y sancionar de manera efectiva actos u omisiones que propicien la vulnerabilidad de los derechos humanos.
El titular derechohumanista agregó además la importancia de impulsar políticas públicas encausadas a evitar y prevenir actos similares en eventos masivos, entre otras recomendaciones que habrán de tener efecto a partir de ser recibidas por las instancias de gobierno.
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