Katia Lemus Barajas
De cara a los comicios electorales que habrá en Querétaro en 2024 para renovar las diputaciones locales y los ayuntamientos, los legisladores de Acción Nacional y Querétaro Independiente presentaron una iniciativa para prohibir la participación de personas deudoras alimentarias por lo que propusieron reformar la Constitución Local.
Selene Salazar Pérez, legisladora de la bancada del PAN, refirió que se reformarán y adicionarán algunos párrafos en algunos de los artículos 8, 17, 28 y 30 BIS de la “Constitución del estado de Querétaro” para prohibir que quien aspire a un cargo de elección popular en los niveles estatales y municipales, así como para gobernador y magistrados será impedido si se encuentra en el sistema estatal de gestión de administración de toda la información que se esté alimentando en este registro nacional de deudores alimentarios que correrá a cargo del Sistema DIF Nacional.
“Seremos defensores y trabajaremos cuanto sea necesario en cada una de nuestras trincheras para en la que la Constitución y legislación en el estado se establezcan los candados necesarios para que las personas sentenciadas como deudoras alimentarias no puedan ser gobernadores, diputados o miembro de algún ayuntamiento, es decir, que no puedan acceder a cargos de elección popular y que no puedan ser nombrados por encomienda en el servicio público”.
Esto, luego de que el Senado de la República, aprobó, en abril pasado, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Mariela Morán Ocampo, presidenta de la Comisión de La Familia del Congreso de Querétaro, refirió que esta propuesta surge para velar por el bienestar de las familias receptoras de pensiones alimenticias y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en nuestro país, tres de cada cuatro hijos de padres separados no están recibiendo su pensión, esta cifra nos obliga a reflexionar y tomar acción ya que esta omisión impide a los niños y adolescentes acceder a una vida digna privándolos de la alimentación suficiente, de servicios de salud, de un entorno seguro y de este desarrollo integral que las y los niños necesitan por ello, es fundamental erradicar la problemática de los deudores alimentarios y como sociedad mexicana debemos enfocarnos y el primer paso debe ser desde casa y lo debemos dar desde adentro”.
Por ello, dijo, se debe asegurar que aquellos que ostentan responsabilidades públicas sean ejemplo de compromiso, ética y solidaridad.
Enfatizó que las omisiones y faltas actuales de familias receptoras pueden convertirse más adelante en omisiones y faltas de responsabilidad de servidores públicos afectando a la ciudadana en general, por ello atenderán la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución y modificarán y añadirán los artículos 8, 17, 28 y 30 BIS de la Constitución de Querétaro estableciendo como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticio.
“Este es un mensaje claro de que en Querétaro, la familia es una institución valiosa y que los deudores alimentarios morosos no serán tolerados y menos de en puestos de responsabilidad pública, con este paso fortaleceremos el frente de proyección a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes rompiendo la barrera de indiferencia y fijando la ética como un valor esencial de nuestra vida pública”.
El diputado por Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera mencionó que el padrón único será competencia del Sistema Nacional DIF, alimentado por las distintas entidades federativas, por lo que el estado se debe adecuar a lo que la norma suprema señala.
Con esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades tienen 180 días para armonizar el sistema legal estatal acorde a lo mandatado, por lo que, sumando voluntades en favor de los queretanos y cerrando las puertas a quienes transgreden a otras personas, en la administración pública estatal, no habrá deudores alimentarios.
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