Katia Lemus Barajas
En un año, la Fiscalía Anticorrupción recibió 51 carpetas de investigación de las cuales se judicializaron 14 y se impuso sentencia condenatoria a 15 personas tanto servidores públicos como particulares, afirmó Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Querétaro.
Al rendir su informe de actividades ante los diputados de la 60 legislatura, detalló que las carpetas judicializadas son por los delitos de cohecho, peculado, desempeño indebido y abandono del servicio público, desempeño irregular de las funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, delitos contra la administración de justicia, falsificación y uso indebido de documentos falsos o alterados.
Así como, dijo, destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas. Es importante señalar, que el resto de las carpetas continúa con su proceso de atención conforme a la normatividad aplicable.
Detalló que durante este año de gestión, se vinculó a proceso de 18 personas, entre ellas, destacan quienes ocupaban los cargos públicos de presidente municipal, director de finanzas municipal, notario público, juez cívico, personal de Protección Civil municipal, personal administrativo estatal y personal operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal, así como particulares.
“De marzo de 2021 a febrero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción aumentó 100 por ciento las sentencias condenatorias obtenidas por hechos de corrupción, en comparación del año pasado”.
Señaló que la sentencia condenatoria a 15 personas, tanto servidoras públicas como particulares se ve reflejado en el acumulado de 39 años de prisión y más de 22 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el ámbito estatal y municipal.
“Los delitos por los que fueron sentenciados son de peculado, cohecho cometido por servidor público, negociaciones ilícitas, desempeño indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción, así como sustracción, destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas o con el lugar de los hechos delictivos”.
Destacó que a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se ha debilitado la capacidad financiera de quienes cometen delitos de corrupción. Por lo anterior, se han realizado diversos aseguramientos de dinero, así como diez vehículos de alta gama y bienes inmuebles, por un monto de más de 21 millones de pesos.
“A través de la UIPE, se ha fortalecido la vinculación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que permitió implementar el Portal de Gestión Documental, que agiliza la entrega de información financiera en menor tiempo”.
Hoy, dijo, nadie que ejerza un cargo público puede excusarse en la función que desempeña para no afrontar la justicia; la reparación del daño ha sido una constante, así como la obtención de sentencias condenatorias, con la respectiva inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública.
“La corrupción es un fenómeno en el que tanto autoridades como sociedad, debemos asumir un rol de corresponsabilidad, lo que se traduce en actuar ante la denuncia de la ciudadanía, para que se aplique la ley de manera ejemplar”.
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