Mientras que el Estado Mexicano ha triplicado los recursos para las actividades de búsqueda, el país enfrenta una crisis de 97 mil personas desaparecidas, 14 mil no localizadas y 52 mil cuerpos que permanecen sin identificar.
Por lo que prevalece una crisis forense con miles cuerpos sin identificar, cientos de miles de fragmentos óseos altamente degradados, así como miles de sitios de hallazgo de fosas de inhumación clandestina.
Esto debido a que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta antes de 2015, había una ausencia de procesos y protocolos de búsqueda e identificación humana, a lo que se le suma la falta de infraestructura y recursos humanos para responder a la crisis.
La problemática de desaparición de personas data desde la década de los 60 y a partir de 2006 comenzó a contarse por miles. Además, hasta 2017 se impulsó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y hasta 2019 México reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una crisis en materia forense, con lo que se aprobó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con el objetivo de practicar los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados en coordinación con las fiscalías o las entidades responsables.
Como una forma de enfrentar la crisis, el Estado ha impulsado un proyecto con enfoque masivo de búsqueda forense de personas desaparecidas. A raíz de esto se crearon los Centros Regionales de Identificación Humana en Coahuila y Jalisco, el Centro Nacional de Identificación Humana de la CNB y el Laboratorio de Identificación Humana para el análisis de muestras complejas del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud.
No obstante, la CNB reconoce que la deficiente capacidad operativa del Estado para atender esta crisis forense se visibiliza en falta de infraestructura, escasez de personal capacitado, carencia de recursos materiales, falta de criterios homologados y desconocimiento de la normatividad.
Asimismo, el año pasado la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una asignación presupuestal de 744 millones 327.3 mil pesos. Y para este 2023, el Presupuesto de Egresos de la Federación consideró mil 097 millones 234.9 mil pesos.
Sin embargo, a pesar de que el presupuesto tanto para servicios personales, gastos operativos y subsidios a las comisiones locales ha aumentado año tras año, de 2019 a 2022, los organismos estatales de búsqueda no ejercieron 320 millones de pesos y los reintegraron a las arcas públicas.
Fuente: La Verdad Noticias
Be the first to comment