* Todas las procuradurías de protección de los estados tendrán acceso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios
Katia Lemus Barajas
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como padres, los legisladores que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobaron que los deudores alimentarios morosos sean inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de dicha comisión.
“Cuando un juzgado familiar decrete que una persona está incumpliendo con su obligación alimentaria ya tiene la obligación, de acuerdo con la Constitución, de reportarlo a este listado nacional, es decir, se les está dando una competencia, que, aunque había una obligación en la Constitución podrán formalmente reportarlo a este listado nacional”.
Para ello, dijo, se reformaron las disposiciones de la “Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro”.
Recordó que hubo una modificación a la Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos la cual establece que los Tribunales Superiores de los estados suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.
Las Procuradurías de Protección de los estados, explicó, tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones y esta actualización deberá realizarse de forma mensual.
“La idea de que exista este listado nacional es que surta efectos contra terceros porque luego hay, fundamentalmente hombres, que se cambian de entidad, es decir, terminan una relación en un estado y se mueven a otro y llegan con un expediente en blando porque no los conocen y esto puede, por ejemplo, generar que alguien lo investiga y diga que en otro estado quedó mal”.
Además, explicó que el estar en este registro les impedirá ser contratados en algunos trabajaos, sobre todo en el servicio público.
“Me parece oportuno que exista este registro nacional de deudores, así como existe el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (…) y también fortalece la iniciativa de no permitirles la realización de ciertos trámites como la licencia y el pasaporte que presentó el diputado Paul Ospital para ir limitando los derechos de estas personas que están incumpliendo en lo básico que es hacerse cargo de su familia”.
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