En respuesta al creciente fenómeno de la gentrificación que ha provocado el aumento sostenido en los precios de la vivienda y el desplazamiento de comunidades en distintas zonas de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete de medidas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda, estabilizar los precios del alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.
Entre las principales acciones se encuentra la propuesta de una Ley de Rentas Justas y Asequibles, así como la publicación del Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”.
Durante un acto público, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que estas medidas buscan atender un problema que afecta no solo a la capital, sino a muchas ciudades del mundo. Explicó que la gentrificación ha traído consigo la desaparición de negocios tradicionales, el encarecimiento de servicios y alquileres, así como el desplazamiento de poblaciones originales hacia zonas periféricas.
En barrios como Roma, Condesa o Doctores, el fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, en parte por el aumento del trabajo remoto y la llegada de población extranjera atraída por el bajo costo relativo de vida, lo que ha provocado tensiones habitacionales y sociales.
Uno de los ejes centrales del plan es la elaboración de un índice de precios de alquiler razonable, que será coordinado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Este índice considerará variables como el valor catastral, ubicación, características físicas de los inmuebles, ingreso promedio y proporción de gasto en vivienda, con el objetivo de establecer un parámetro técnico para los precios de alquiler y frenar prácticas especulativas.
El gobierno capitalino también reiteró que los incrementos de renta no deberán superar la inflación anual registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), norma que ya fue legalizada en la legislación local.
Asimismo, el plan contempla la regulación de las plataformas de alquiler de corta estancia como Airbnb, con el fin de evitar que la oferta de vivienda para turismo temporal desplace a los habitantes permanentes. Se anunció la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, que brindará asesoría legal, mediación en conflictos y acompañamiento en casos de desalojo, además de impulsar sanciones contra prácticas abusivas o ilegales en el mercado de arrendamiento.
La estrategia también contempla la construcción de vivienda pública sostenible en zonas centrales de la ciudad, con un enfoque de redensificación controlada, así como programas de arrendamiento social dirigidos a sectores prioritarios como jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores de servicios urbanos.
Para fortalecer el arraigo comunitario, se implementarán políticas de participación vecinal en el diseño de planos urbanos, protección del patrimonio cultural, y estímulos a comercios locales y oficios tradicionales que dan identidad a los barrios.
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