El Ministerio de Justicia de Rusia incluyó oficialmente a la ONG ecologista Greenpeace en su listado de organizaciones indeseables, pues sentenció que la organización, con sede en Países Bajos, está involucrada en «violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales y derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación Rusa».
La Fiscalía declaró a Greenpeace como indeseable al considerar que sus actividades «representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad» del país, según recoge la agencia rusa Interfax.
El Ministerio Público acusó a la ONG de camuflar con «actividades ambientales» una verdadera posición política e «intentos de interferir en los asuntos internos del Estado», con un claro objetivo de «socavar las bases económicas» de Rusia.
Por su parte, Greenpeace salió al paso para apuntar que esta decisión de la Fiscalía hacía que fuera «ilegal continuar cualquier actividad en Rusia», con lo que informó del cierre de su sucursal en el país euroasiático.
«Decir que Greenpeace Rusia ha estado actuando en contra de los intereses de Rusia es ignorar por completo lo que la organización ha estado haciendo durante 30 años», indica el comunicado difundido por la organización, que rechaza rotundamente las acusaciones.
La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades organizaciones en base a consideraciones ambiguas relativas al origen de sus fondos o a la actividad que desempeñan dentro del país, especialmente si se entiende que su labor es contraria a los intereses del Estado.
Greenpeace había mantenido en los últimos meses su actividad en Rusia, a pesar de la creciente represión sobre las ONG, y había seguido reclamando mayores compromisos en materia medioambiental, con denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con el estado del lago Baikal, situado en la zona de Siberia.
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