El domingo 26 de diciembre, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un comunicado de prensa para dar a conocer su descontento, después de que saliera a la opinión pública que se habían presentado denuncias contra algunos consejos electorales ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras darse a conocer la suspensión de la Revocación de Mandato.
Dentro del escrito los representantes del INE aseguraron que al interior del consejo existen diferencias de opinión, mismas que se ven reflejadas en los votos que se dan durante las sesiones, situación que enriquece y forma parte del debate público.
Asimismo, destacaron que las opiniones del Consejo General pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, tanto así que la legislación prevé la impugnación como un mecanismo de defensa para la ciudadanía.
“Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”
Ante su anterior explicación, se dijeron preocupados por la actitud que ha tomado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien presentó el pasado jueves 23 de diciembre una denuncia ante la FGR contra los seis consejeros que votaron a favor de suspender la consulta de Revocación de Mandato, así como otra acción penal contra el secretario ejecutivo.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, siguió el comunicado.
Motivados por la acción que encabezó el ex representante de Morena ante el INE, los consejeros expresaron su rechazo a las denuncias presentadas en su contra, así como cualquier otra forma de intimidación y vulneración a la autonomía del instituto.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”
Finalmente, el INE explicó que en un Estado democrático, las diferencias de opinión no deben de perseguirse como delitos.
Fuente: Infobae
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