La Fiscalía abrió este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Esto a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones presentadas durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En medio del caos que vive Perú, el Congreso ha otorgado su voto de confianza a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros para el gobierno de Dina Boluarte. Su investidura era un proceso parlamentario obligatorio tras la toma de poder de la presidenta. Sin embargo, los peruanos que se manifiestan en las calles han tomado la noticia como una afrenta ante sus reclamos.
«El pueblo va a seguir luchando hasta conseguir nuestro objetivo, puesto que Dina Boluarte es una golpista asesina y no lo vamos a permitir mientras que la derecha achorada (violenta) corrupta va a tener que seguir reprimiendo al pueblo nosotros vamos a tomar más fuerza», dijo un granjero durante la manifestación convocada en Cusco.
El nuevo primer ministro y la presidenta de Perú prefieren apostar por las rondas de diálogo para retomar la normalidad en el país. Pero la situación se ha vuelto tan crítica que se ha anunciado este martes un toque de queda nocturno por tres días.
La ONU y Amnistía Internacional han pedido al Gobierno de Boluarte de cesar el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y facilitar una solución pacífica a la crisis.
Fuente: Euronews
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