La recién aprobada “Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI)” carece de garantía para financiar adecuadamente las áreas de humanidades, tecnología e innovación, consideraron integrantes del sector académico de diferentes instituciones educativas y de desarrollo científico.
Recordaron que la legislación fue aprobada en fast track el pasado 29 de abril en el Senado con 48 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones, después de que la Cámara de Diputados la aprobó el 26 de abril con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones.
En el marco del Conversatorio “¿Qué pasa con la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI)?”, la especialista en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gabriela Dutrénit Bielous, refirió los aportes y detrimentos que otorga dicha Ley, así como sus áreas de oportunidad; mencionó que es favorable que se integren las nociones de los derechos a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como el enfoque de compromiso social.
Subrayó que la LGHCTI carece de políticas de progresividad, compromiso financiero, lineamientos para fomentar los sectores productivo y empresarial, impulso a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y desarrollo de estándares de calidad y excelencia en la investigación.
María Brenda Valderrama Blanco, investigadora de biotecnología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un recuento del proceso en que fue aprobada la LGHCTI y las consecuencias de que haya sido aprobada en los términos que se establecen.
Advirtió que, bajo los términos de la ley, se determina la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al definirse un nuevo organismo con otra estructura y personalidad jurídica, diferente a las funciones que ya ejerce dicho cuerpo gubernamental; así como la poca intervención de las y los legisladores en el análisis de la LGHCTI.
El investigador del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), Jorge Mauricio Flores Moreno, abordó la situación de los CPI; subrayó que la legislación promueve un déficit en estos centros a partir del fraccionamiento de competencias, la federalización y el cambio en el financiamiento, situación que se recrudece considerando las posibles interpretaciones distintas que puedan tener los términos de la Ley.
Respecto a la situación para las instituciones privadas de educación superior con la LGHCTI, el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Dr. Bernardo González Aréchiga, señaló que dicha legislación excluye el apoyo a tales instituciones, así como hacia los posgrados de investigación derivados de dichos centros educativos.
Flavia Loarca Piña, directoria de Investigación y Posgrado de la UAQ, contribuyó a la mesa de diálogo a través de una participación en la que dio cuenta de la situación de los posgrados respecto a la LGHCTI; señaló que, con la legislación, disminuye la certeza en los procesos de evaluación establecidos y el otorgamiento de becas para dichos programas educativos.
“La UAQ está planeando tener una autoevaluación interna para que, en el momento dado en que llegue la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cambiar los procesos de evaluación, la Institución ya esté lista. No nos debemos de confiar”.
Be the first to comment