México extraditó a 26 integrantes de cárteles a Estados Unidos en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estadounidenses, como parte de un acuerdo reciente con el gobierno de Donald Trump.
La entrega, realizada este martes 12 de agosto, incluyó a líderes y miembros de alto perfil de organizaciones criminales, acusados de delitos como narcotráfico, homicidio y lavado de dinero. La FGR informó que todos los trasladados tenían orden de extradición y representaban un riesgo para la seguridad pública.
Entre los extraditados figura Abigael González Valencia, “El Cuini”, considerado uno de los fundadores y principales financiadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de su líder, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. También se encuentra a Roberto Salazar Toledo, acusado de participar en el asesinato de un alguacil del condado de Los Ángeles en 2008.
Diversos medios, como El Financiero, indicaron que la lista podría incluir a otros líderes del CJNG con orden de extradición, como Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”; Zhi Dong Zhang, “El Chino”; Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”; y Jesús “N”, alias “El Malboro”.
Las órdenes de extradición también alcanzan a miembros de otras organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, cuyos líderes con procesos pendientes en cortes estadounidenses incluyen a Juan Carlos Félix Gastelúm, “Chavo Félix”; Leobardo García Corrales, “El Leo”; Jehonany Alexander Valdés Serrano, “El Quinientos”; y Jesús Guzmán Castro, “El Chuy Castro”.
También se presume que se encuentra en la lista Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, detenido en 2015 en Michoacán.
La operación se produce meses después de que México entregara a 29 presuntos criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero, y ocurre en el marco de un entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos que incluyó el compromiso de Washington de no solicitar la pena de muerte para los procesados.
La acción también se da en un contexto de negociaciones comerciales, luego de que Donald Trump aceptara posponer por 90 días la aplicación de aranceles del 30% a importaciones mexicanas, tras una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum ha reiterado su disposición a colaborar en materia de seguridad con Estados Unidos, aunque ha subrayado que la soberanía nacional no está en negociación y ha rechazado cualquier propuesta de intervención militar extranjera.
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