Katia Lemus Barajas
En la legislatura pasada, el grupo parlamentario de Morena presentó, a través de la diputada Laura Polo, una iniciativa de ley de aguas, la cual nunca se discutió en comisiones y por el contrario se envió a la congeladora, aseguró Andrea Tovar Saavedra, legisladora local.
“La legislatura pasada se presentó una iniciativa de ley de agua que presentó Laura Polo y fue rechazada y ahora, ni siquiera hemos podido armonizar la Constitución federal con relación al artículo cuarto constitucional, es decir, en ese artículo no se establece que la ley del agua sea un derecho al agua”.
Esto, luego de que el diputado Guillermo Vega Guerrero, del Coordinador del Partido Acción Nacional, aseguró que sus compañeros de Morena solo critican pero nunca propusieron, como grupo parlamentario, una iniciativa de ley de aguas.
Tovar Saavedra aseguró que para qué presentaban iniciativas si de todas formas no nos van a votar y ejemplo de ellos son las que han presentado el resto de sus homólogos de Morena que no han sido ni turnadas a las comisiones.
“Ninguna de las iniciativas de mis compañeros, Yasmín Albellán, Armando Sinecio, Juan José Jiménez y Christian Orihuela, entonces no caigamos en el engaño de que si hubiéramos presentado una iniciativa ley la estaríamos analizando junto con los diputados del PAN porque no es verdad”.
Juan José Jiménez Yáñez, refirió que aunque no presentaron una iniciativa como tal, hicieron diversas observaciones a la propuesta aprobada, pero nunca se tomaron en cuenta.
“Mi voto fue en contra porque no se presenta la distribución de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, en las concesiones no determinan los mecanismos de regulación, imposibilita tomar el control a los municipios porque el control lo tomarían empresas privadas, no están desarrolladas las penalizaciones a la industria privada, solo hay un operador con derechos a 20 o 40 años, no existe transparencia y participación de las asociaciones empresas y no existe una ruta para fortalecer a gestión privada de aguas”.
Explicó que no se tiene coordinación entre entidades y ayuntamientos, no se habla de gobernanza metropolitana, no se tiene modelos diversos de gobernanza, publico-publico o sociales públicos, no se consideran la participación ciudadana, no se tiene representación ciudadana y los puntos tiene orientación e interés político específico y directo, la relación del ciudadano solo se presenta como usuario, la propuesta de cultura del agua no es modernizadora, no existe aplicación de tecnología avanzada y las iniciativas de ley no presentan un nuevo paradigma.
“El informe anual ambiental y las iniciativas omiten un diagnóstico real, la iniciativa omite las acciones para el equilibrio de los sistemas hídricos y el sistema del agua, no tiene datos duros que sustenten sus argumentos, la falta de armonización legislativa no va con los tratados y acuerdos internacionales, no se contempla los derechos humanos de saneamientos y derecho al agua, no tiene visión territorial del agua, no tiene justicia social, no hay planificación a corto plazo, no se contemplan acciones en caso de desastres naturales y no se tiene sustentabilidad en las iniciativas que se presentaron”.
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