Detienen e ingresan al penal del Altiplano al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de evidencia clave sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acontecida en septiembre de 2014.

El exmandatario fue capturado por agentes federales en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, y posteriormente trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que la detención responde a una nueva línea de investigación que señala una acción deliberada desde la cúpula del Ejecutivo estatal para obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

A Aguirre Rivero se le imputa haber ordenado la destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad (números 12 y 15) del Palacio de Justicia de Iguala. En dichos videos se habría documentado la intervención de policías municipales y estatales durante la detención del autobús Estrella de Oro 1531, unidad en la que se trasladaba un grupo de los estudiantes desaparecidos.

La fiscalía sostiene que la desaparición de dicho material no constituyó una falla técnica u omisión, sino una operación dolosa y estructurada para ocultar el paradero de los normalistas.

Tras arribar al penal de máxima seguridad bajo un operativo de custodia federal, Aguirre Rivero fue sometido a las revisiones médicas de rutina e ingresado al área de Observación y Clasificación. Se encuentra a la espera de que el Centro de Justicia Penal Federal determine la fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación.

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Ángel Aguirre Rivero asumió la gubernatura de Guerrero en 2011 abanderado por la coalición encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Solicitó licencia a su cargo en octubre de 2014 —un mes después de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala— en medio de las manifestaciones sociales y señalamientos por la actuación de las corporaciones de seguridad estatales.