Escuelas militarizadas prohibidas en México: SEP cierra filas tras muerte de Dafne Zapata

La Secretaría de Educación Pública cierra filas: ninguna escuela militarizada tiene cabida en México. Así lo dejó claro el secretario Mario Delgado esta semana, en un comunicado dirigido a los 32 estados del país. La determinación no es caprichosa. Surge de una tragedia que sacudió a Tamaulipas y que debe alertar a toda la sociedad mexicana, incluidos los padres queretanos que buscan alternativas educativas para sus hijos. Se trata de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de apenas 13 años que perdió la vida en circunstancias que merecen toda nuestra atención.

Dafne ingresó el 13 de julio a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Solo tres días después, el 16 de julio, falleció dentro de las instalaciones de ese plantel. La necropsia fue contundente: asfixia por sumersión. Hoy, tres personas están detenidas, entre ellas el director del establecimiento y una supervisora de las alumnas. Los hechos generaron indignación nacional, pero también obligaron a las autoridades educativas a mirarse hacia adentro.

Queretanos, este caso nos toca de cerca porque toca lo más valioso: la seguridad de nuestros menores. Mientras buscamos educar bien a nuestros hijos, enfrentamos la realidad incómoda de que existen planteles operando bajo modalidades que la ley no autoriza. La muerte de Dafne no fue un accidente aislado. Fue la evidencia de un problema estructural que había estado escondido bajo la alfombra durante años.

Tras ordenar una revisión a fondo, la autoridad educativa de Tamaulipas detectó cinco escuelas más que operaban bajo la modalidad militarizada. Cinco más. Delgado adelantó que de inmediato se revisarán los permisos de todos estos planteles. El que causó la muerte de Dafne, según la SEP, fue emitido en 2005 y actualizado en 2013. Una década de funcionamiento sin que nadie cuestionara realmente qué estaba pasando en sus aulas. Eso debe preocuparnos. Eso debe alertar a los padres queretanos sobre la importancia de verificar exactamente dónde están inscribiendo a sus hijos.

La postura de la SEP es clara e inapelable: “Es inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se justifiquen, normalicen u oculten actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que vulneren la integridad física, psicológica o emocional de menores”. Palabras fuertes, pero necesarias. Porque la verdad es que bajo la bandera de una pretendida disciplina militar, muchas academias han operado en la penumbra legal, sin supervisión real, ofreciendo programas que no tienen respaldo constitucional ni legal.

La Secretaría de la Defensa, por su parte, se ha deslindado del asunto. Argumenta que no tiene atribuciones sobre academias privadas de este tipo. Entendible desde el punto de vista administrativo, pero también preocupante. Si ni la Defensa reclama responsabilidad, y estas escuelas operaban con permisos de la SEP, queda claro que hay un vacío de supervisión que debe cerrarse ya.

Para los padres de familia en Querétaro, esto representa una lección importante. Cuando eligen una institución educativa para sus hijos, no pueden conformarse con catálogos bonitos o promesas de disciplina. Deben preguntar: ¿está realmente autorizada? ¿Qué dicen las inspecciones recientes? ¿Hay supervisión regular? ¿Cuál es el modelo pedagógico realmente aplicado? La muerte de Dafne nos enseña que la confianza ciega en una institución educativa puede costar vidas.

El caso abre también una pregunta incómoda para las autoridades: ¿cuántas academias así operan en otras entidades? ¿Hay planteles militarizados en Querétaro bajo permisos vencidos o dudosos? La SEP debe ampliar su revisión nacional. No basta con revisar Tamaulipas. La seguridad educativa es un asunto nacional, pero afecta a cada comunidad local, a cada niño, a cada padre preocupado.

Queretaro primero significa, entre otras cosas, que nuestros hijos estudien en espacios seguros, supervisados y legales. Significa que las autoridades educativas estatales y municipales trabajen en coordinación para detectar y clausurar cualquier escuela que operé bajo modelos no autorizados. Significa que exijamos transparencia total en los permisos escolares y en los procesos de renovación.

El comunicado de la SEP a los 32 estados es bienvenido, pero insuficiente si se queda solo en palabras. Necesitamos acciones concretas: inspecciones rigurosas, cierre efectivo de planteles ilegales, capacitación constante en supervisión escolar, y una línea clara de denuncias para padres y estudiantes que detecten irregularidades. En Querétaro, debemos estar atentos. Debemos preguntar. Debemos exigir que nuestras autoridades educativas hagan su trabajo.

Por Dafne Zapata Quintos, que no descanse. Por los menores de Querétaro, que sigamos velando por su seguridad y su educación de calidad. No hay disciplina militar que valga la integridad de un niño. No hay promesa pedagógica que justifique el riesgo. La ley es clara: educación militarizada no está autorizada. Ahora toca cumplirla.