EU confirma el retiro de visas a Durazo y Villarreal

Sobrinos, aquí les va lo que tienen que saber para no andar como que no saben.

Y el tema sigue subiendo de tono. Mientras aquí nos distraemos con la goleada de la Selección a Serbia para ir calentando el ánimo mundialista, en las altas esferas del poder el clima es de un frío polar que no lo quita ni el sol de Veracruz. La realidad nacional dejó de ser mañanera para volverse thriller judicial transatlántico. El capítulo lo encabeza Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y hombre de confianza del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien tras ser ubicado en Europa terminó poniéndose a disposición de la justicia estadounidense en Nueva York. Su tío sospecha que Díaz prefirió el frío de la isla esmeralda al calor de las cortes neoyorquinas; lo que no le salió —según reportó La Silla Rota— fue su intento de volverse testigo colaborador, porque Washington se lo rechazó. Y mientras eso se cocina, el cerco aprieta: fuentes del Departamento de Estado confirmaron al semanario Zeta que las visas de los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal aparecen revocadas en el sistema, en el marco de las investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico y el huachicol que destapó Los Angeles Times. Conste, eso sí, que ambos lo niegan en seco y que la cancillería, por voz de Roberto Velasco, asegura que Estados Unidos no ha notificado nada, ni por la puerta de enfrente ni por la de atrás.

Es una coreografía fascinante: en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum se rodea de legisladoras para firmar la “Proclama de las Mujeres por la Independencia y la Soberanía”, un blindaje retórico frente a la “ultraderecha” estadounidense, mientras la estabilidad política nacional pende de lo que un exfuncionario llegue a declarar en una corte de Nueva York. La soberanía, sobrinos, se está volviendo el último refugio de quienes ya no tienen cómo explicar por qué sus aliados rinden cuentas allá y no aquí. En el Monumento a la Revolución se habla de patria; en los pasillos de San Lázaro, en cambio, el pánico es real, al grado de que el propio PT advirtió que Trump “viene por toda la 4T”. Parece que el “casi sudo agua bendita” de Durazo no alcanzó para limpiar los expedientes que, según las versiones, ya estarían sobre el escritorio del embajador Ronald Johnson.

Y aquí la película cambia para nosotros en Querétaro. Hoy despertamos como el oasis en medio del desierto: el estado, junto con Nuevo León y la Ciudad de México, concentró la mayor parte de la nueva Inversión Extranjera Directa del primer trimestre de 2026. Somos un imán de capitales —de ahí proyectos de hiperescala como el campus de centros de datos de CloudHQ, de 4 mil 800 millones de dólares, en Colón—, pero ese liderazgo es de cristal. Porque seguimos montados en un país que, según la OCDE, crecerá apenas un raquítico 0.8% este año, con la inversión pública física en mínimos de décadas. Eso no es percepción, es dato. Somos un motor de hiperescala con un chasis que no tiene ni para refacciones del Metro: mientras en Querétaro discutimos cómo alimentar eléctricamente a los gigantes tecnológicos, en la capital el gobierno de Clara Brugada destina —según se ha reportado— unos 500 millones de pesos a maquillar estéticamente estaciones como Hidalgo y Bellas Artes, con candelabros de lujo, mientras el sistema cruje por falta de mantenimiento básico. La decoración por encima de la operación: ahí está el régimen, retratado de cuerpo entero.

Y aquí viene lo incómodo: la purga del Poder Judicial luce tan cosmética como esas estaciones del Metro. Mientras se pregona austeridad y honestidad, una investigación de El Universal apunta a que el Poder Judicial de la Federación habría pagado rentas millonarias —se habla de entre 40 y 54 millones de pesos— a Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado por el periodismo de investigación como operador de “El Clan”, la red de presunto tráfico de influencias que distintos reportajes vinculan con Andy y Gonzalo López Beltrán. Conste que son señalamientos periodísticos, sin sentencias de por medio, y que el propio López Obrador ha negado que existan pruebas contra sus hijos. Pero la estampa es difícil de tragar: el mismo aparato que dicen estar “limpiando” sería el que firma los cheques para los amigos de la familia. Y mientras tanto —deseándole de paso pronta recuperación al gobernador Mauricio Kuri tras su cirugía programada—, el resto del país lidia con algo menos glamuroso: más de 41 mil casos de abuso de confianza en lo que va del sexenio, concentrados justo donde hay más dinero y menos justicia.

¿Ustedes creen, sobrinos, que se puede presumir soberanía cuando el “Silicon Valley” queretano depende de una red eléctrica nacional al borde del apagón y de una justicia que, en los casos que de verdad importan, se decide en una corte de Nueva York?

El nacionalismo de proclama no paga las facturas del 0.8% de crecimiento. Y así las cosas, sobrinos.